Con estas detenciones se han desarticulado dos organizaciones dedicadas a la explotación sexual en la provincia de Las Palmas en una operación denominada Lanza-Fuerte en la que siete de las 30 víctimas de explotación sexual han sido detenidas por estancia irregular en España, detalló en un comunicado la Jefatura Superior de Policía de Canarias.
En Lanzarote se ha detenido a dos personas, a la brasileña Rita Cassia D.N., de 37 años y máxima responsable de la organización en esa isla, y a su pareja sentimental, Benedicto C.T., de 60 años y nacionalidad española.
Los detenidos contactaban con ciudadanas extranjeras para facilitarles la entrada a España como turistas y se hacían cargo del pago de los billetes de avión, que posteriormente cobraban explotándolas sexualmente, de modo que no podían abandonar la casa hasta que no saldaban la deuda.
Rita Cassia trabajaba en Club 55, una casa de citas situada en Teguise, e ingresó en prisión provisional a la espera de juicio tras el testimonio de una testigo protegida que fue explotada en este club.
En Fuerteventura fueron detenidas tres personas que pertenecían a otra organización dedicada a la explotación sexual en la que estaban implicadas tres casas de citas ubicadas en Corralejo, Antigua y Puerto del Rosario.
El máximo responsable de esta organización ha sido identificado por la policía como Pedro Carmelo P.M., ciudadano de Gran Canaria de 41 años y con antecedentes por malos tratos a su familia, tenencia ilícita de armas y delitos contra la salud pública.
Pedro Carmelo P.M., que vivía en Puerto del Rosario, se dedicaba a recorrer las casas de citas de la isla y ofrecía a las chicas la posibilidad de trabajar con él, obligándolas, si aceptaban, a mantener relaciones sexuales para “comprobar si eran buenas trabajando”, agrega la nota de la Policía.
Además, les prohibía salir de las casas en un horario que él mismo imponía y convivían hacinadas en literas.
Pese a estar en paro y cobrar el correspondiente subsidio, el cabecilla de esta organización pagaba cuatro costosos alquileres en Fuerteventura, los de tres casas de citas y el de la vivienda donde residía, donde la Policía intervino unos 5.000 euros en efectivo. Estiman que los ingresos de esta trama era de 60.000 euros al mes.
