Fuentes del colectivo ecologista en el Campo de Gibraltar han asegurado que, tal y como han denunciado en reiteras ocasiones ante el Gobierno español, el Defensor del Pueblo Andaluz o ante la Unión Europea, "se puede afirmar que Gibraltar utiliza aproximadamente 90 millas de aguas territoriales españolas en el mar de Alborán para hacer trasvase de combustible con gasolineras flotantes", y también para que estos buques "salven tormentas" a pesar del "riesgo" que presenta para el medio ambiente.
Según han resumido, los buques "estresan" la zona y se sirven del paso inocente para "dar vueltas" a escasa velocidad en paralelo a la Costa del Sol y llegando incluso hasta Almería mientras esperan a poder entrar en Gibraltar para hacer bunkering.
De este modo, "ponen en riesgo" y están "utilizando aguas españolas para hacer negocio" sin que España "haga nada", lo que el colectivo ecologista achaca a los "lobby de poder que existen alrededor de tráfico de petróleo", a los que consideran "auténticos piratas del siglo XXI".
Aseguran también desde el colectivo ecologista que las condiciones de la tripulación de estas "gasolineras flotantes" son "tan precarias que rozan la esclavitud", y que tampoco cuentan con la formación profesional necesaria, "incrementándose el riesgo de accidentes".
A juicio de Verdemar-Ecologistas en Acción, la postura del Gobierno español frente al de Gibraltar por la soberanía de las aguas responde a "una cuestión política y a que no se puede permitir seguir perdiendo votos de cara a las elecciones".
En este punto, ha recordado el accidente del 'New Flame' en aguas del Estrecho de Gibraltar, cuando el PSOE andaluz elaboró a principios de 2008 un argumentario interno que defendía que el "hundimiento paulatino" del chatarrero panameño se había producido "en aguas de Gibraltar".
Asimismo, los ecologistas animan a la Fiscalía General del Estado a abrir una investigación para averiguar "de quién es el petróleo con el que se está traficando, entre comillas, en el Estrecho", manifestando sus "sospechas" de que entre los propietarios pudieran encontrarse "dirigentes tanto españoles, como del Gobierno de Gibraltar e incluso de la Unión Europea".
Finalmente, ha lamentado que en conflictos como este "hay muchos intereses económicos y políticos" y, al final, quien siempre acaba pagando las consecuencias son "los ciudadanos y el medio ambiente".
