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Huelva

La madre acusada de vender a su hija niega los hechos

La menor asegura en el juicio que se casó "de manera voluntaria" con su marido según la tradición de la etnia gitana

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  • Audiencia Provincial. -

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva ha acogido este miércoles la primera sesión del juicio contra los tres acusados de vender a una menor a una familia rumana. En la vista, los tres han negado los hechos y la menor ha asegurado que se casó "de manera voluntaria" con su marido, el cual es uno de los acusados por un presunto delito de tráfico de personas y abusos sexuales.

Según han informado a Europa Press fuentes cercanas al caso, la menor ha contado que el matrimonio se llevó a cabo en Rumanía, según la tradición de la etnia gitana y ha remarcado que conoció al que sería su marido y "se casó de manera voluntaria", incidiendo en que quiere vivir con él.

Los acusados, que se han negado a declarar a preguntas del fiscal y solo han contestado a sus letrados, han negado los hechos y sus abogados piden su absolución. Además de la víctima y los acusados, ha declarado también como testigo el padre de la menor.


Hay que recordar que el Ministerio Fiscal pide 14 años de prisión para la madre de la chica por un presunto delito de trata de personas, así como pide seis años para una madre y su hijo, el cual se casó con la menor, que se quedó embarazada, y al que piden además cuatro años de prisión por un supuesto abuso sexual.

El juicio continuará este jueves con las declaraciones de agentes de Policía Nacional y de otros testigos, de manera que está previsto para el viernes la sesión con los informes finales.

Hace precisamente un año que agentes de la Policía Nacional liberaron en Huelva a una menor embarazada que "fue previamente vendida por sus progenitores". Según informó la Policía Nacional, "la venta de la joven, de 16 años de edad y natural de Rumanía, fue orquestada por sus padres a cambio de 8.000 euros a una familia rumana para que contrajera matrimonio con un varón del clan".

La investigación comenzó tras presentarse una denuncia ante las autoridades rumanas por parte de un matrimonio de dicho país en el que manifestaban cómo su hija menor había sido secuestrada, metida en un coche a la fuerza ocupado por cuatro individuos y trasladada a España, unos hechos que finalmente no pudieron ser acreditados.

 

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