La Fiscalía de Huelva ha solicitado tres años y cuatro meses de cárcel para F.B.C., el vigilante de seguridad de la sede de la Delegación de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía en Huelva que colocó cámaras en uno de los baños del edificio para obtener imágenes íntimas.
La Fiscalía, según se recoge en el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, considera a esta persona responsable en concepto de autor de ocho delitos contra la intimidad y además de la pena de cárcel solicita la inhabilitación especial para el ejercicio de profesiones relacionadas con la seguridad privada durante el tiempo de la condena y el pago de una multa de algo más de 6.600 euros.
En concepto de responsabilidad civil se le reclama que indemnice a cada una de las víctimas, un total de ocho, en la cantidad de 3.000 euros para cada uno de ellos por los daños morales causados con su conducta.
Relata el fiscal en su escrito que F.B.C., mayor de edad y sin antecedentes penales, el día 15 de junio de 2015 trabajaba como vigilante de seguridad en la sede de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía en Huelva.
En dicha fecha, el acusado, aprovechando la facilidad de movimiento y acceso a dependencias en el edificio a causa de su profesión, instaló una microcámara en un lugar discreto de uno de los aseos del citado edificio, de uso privado de los funcionarios y empleados de la misma.
La encuadró para que captase las imágenes del inodoro y lavabos del mismo y la dejó activada, plenamente funcional y grabando en vídeo a cualquier persona que hiciera uso de los mismos; todo ello con el propósito de atentar contra la intimidad de quienquiera que los utilizase.
La microcámara instalada y puesta en funcionamiento por el acusado F.B.C. capturó las imágenes de diversas personas, un total de ocho, utilizando el aseo para actividades de indudable carácter íntimo.
No consta que ninguna de las víctimas haya sufrido lesiones psíquicas como consecuencia del hecho, si bien se han sentido gravemente ofendidas al ver expuesta su intimidad; todos ellos han reclamado, o al menos no han expresado su renuncia, a las reparaciones, restituciones o indemnizaciones a que pudieran tener derecho.
