"Vamos a intentar que todo el mundo cumpla con sus obligaciones y, si no lo hacen, tendrá la sanción que a cualquier persona normal y a cualquier demócrata le parece razonable", ha explicado Rajoy a su partido, aunque no ha ofrecido detalles de cómo va a desarrollar este plan.
Esta nueva medida anunciada por el jefe del Ejecutivo completa la anunciada el pasado mes de enero por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien adelantó la aprobación próximamente de un plan de prevención del fraude fiscal por el que se espera recaudar 8.171 millones de euros en 2012 y que se centrará fundamentalmente en la lucha de la economía sumergida y los paraísos fiscales.
En concreto, el plan operará en tres ámbitos: la intensificación en el lucha contra los incumplimientos tributarios, la mejora del control en la fase recaudatoria y la colaboración de la Agencia Tributaria con los organismos fiscales de las comunidades autónomas y la Seguridad Social.
LÍMITE DE EFECTIVO
Tal y como ya explicó Sáenz de Santamaría el 5 de enero tras un Consejo de Ministros, el Gobierno limitará con este plan el uso de efectivo en determinadas transacciones financieras para que aflore parte de la economía sumergida.
También facilitará a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y se pedirá información fiscal a los países que antes eran considerados paraísos fiscales, como Andorra, Panamá, Bahamas y las Antillas holandesas, al tiempo que se impulsará la firma de nuevos convenios para la erradicación de otros paraísos fiscales.
Además, se intensificará el control sobre ciertos sectores más ligados a la economía sumergida, se adelantará la intervención de los órganos de recaudación en los procedimientos de gestión tributaria, y se impulsará una mayor colaboración entre administraciones tributarias del Estado y las comunidades autónomas, incluidas las haciendas forales, para el intercambio de información, entre otras medidas.
