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Gobierno y oposición siguen sin llegar a un acuerdo sobre el proceso de regularización

PP e IU insisten en que la Junta pague la mitad de los costes del proceso

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Los portavoces de los cinco grupos políticos con representación municipal se reunieron el pasado miércoles con el objetivo de llegar a un acuerdo de mínimos sobre el proceso de regularización de viviendas ilegales. La reunión finalizó, como era de esperar, sin grandes avances. Y es que el consenso en este asunto parece difícil, por no decir imposible, dadas las exigencias de PP e Izquierda Unida, que ponen como condición indispensable para llegar a un acuerdo que la Junta de Andalucía pague el 50 por ciento de los costes de regularización.

De hecho, el portavoz de Izquierda Unida y anterior delegado de Urbanismo durante el Gobierno cuatripartito, José Pedro Butrón, se marchó de la junta de portavoces sin oír las propuestas del resto de partidos al no aceptarse su exigencia.


“Nada más empezar la reunión se levantó y se fue, cuando él sabe perfectamente que lo que propone no es viable. Es más, en las ordenanzas que su Gobierno intentó aprobar hace un año tampoco se recogía esa aportación de la Junta de Andalucía, porque no es posible. Por eso no entiendo su actitud”, señaló la delegada municipal de Urbanismo, Cándida Verdier, en referencia a su antecesor en el cargo.

La principal responsable política de Urbanismo aclaró que el equipo de Gobierno “sigue trabajando para facilitar la financiación pero sin perder el norte de que los costes deben ser asumidos por los propietarios de las viviendas”.

El próximo miércoles los portavoces volverán a reunirse para intentar nuevamente acercar posturas. “Seguiremos intentando alcanzar un acuerdo de mínimos con el resto de partidos porque se trata de un tema muy importante para la ciudad”, señaló Cándida Verdier.

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