Pese a haber decidido apoyar la totalidad de la ley, varios grupos parlamentarios expresaron su desacuerdo con ciertos puntos de la misma, en especial la posibilidad de que las menores de 16 años puedan abortar sin el conocimiento de sus padres y la falta de regulación de la cláusula de conciencia del personal sanitario.
La ministra española de Igualdad, Bibiana Aído, aseguró que, durante la tramitación de la Ley del Aborto, se intentará “encontrar un punto de equilibrio” entre las posiciones de los grupos parlamentarios sobre la posibilidad de que las menores de 16 años aborten sin consultar a sus padres.
Para el conservador Partido Popular, principal de la oposición en España, la posibilidad de que una niña de 16 años no informe a sus padres “vulnera el concepto de patria potestad” y priva a la menor de recibir “el consejo, la confianza y el cariño de sus padres”, según la portavoz Sandra Moneo.
Los populares también criticaron que la ley no incluya “ni una sola medida de apoyo a la mujer que quiera seguir adelante con su embarazo”.
Según datos ofrecidos recientemente por el Ministerio de Sanidad y Política Social, 115.812 mujeres –un 3,27% más que el año anterior– se sometieron en 2008 a una interrupción voluntaria de embarazo en España, de las que 10.221 tenían entre 16 y 18 años.
El Gobierno español aprobó en septiembre pasado la reforma de esta ley, que ayer comienza su periplo parlamentario y que sitúa en 16 años la mayoría de edad para decidir sobre una interrupción voluntaria del embarazo.
Esta nueva norma establece el aborto libre hasta la semana 14 y hasta la 22, en caso de riesgo de la vida o salud de la mujer o graves anomalías en el feto, siempre que, en este último caso, haya un dictamen emitido por dos médicos especialistas distintos a los que practican la intervención.
Esta norma sustituye a la actual legislación que databa de 1985, cuando se despenalizó el aborto en casos de violación, graves malformaciones del feto y daño para la salud física y psíquica de la madre.
Esta reforma generó una fuerte oposición entre los sectores conservadores y la Iglesia católica.
En otro orden de cosas, la portavoz de Derecho a Vivir, Gádor Joya, anunció ayer nuevas movilizaciones en contra de la reforma de la Ley del Aborto y ha confiado en que el trámite parlamentario que comenzó ayer sea “un calvario electoral” para el PSOE.
“El Congreso de los Diputados se ha partido prácticamente por la mitad, reflejando la división que provoca el proyecto y echando por tierra la falacia de que se trata de una iniciativa fruto del consenso”, denunció Joya en un comunicado.
Se trata, según Derecho a Vivir, de “un proyecto pensado para dividir”, por lo que la movilización cívica para frenarlo “no ha hecho sino empezar”.
Lo fundamental ya se ha conseguido, según Joya, pues “la sociedad española ha despertado y se ha puesto en marcha frente a una ley injusta” y se ha ganado la batalla de la opinión pública “con razones, evidencias y perseverancia”.
En este sentido, la portavoz de esta plataforma ha anunciado nuevas iniciativas de protesta “más imaginativas y más insistentes”.
“El coste político va a ser inasumible para el señor Zapatero”, consideró Joya, quien criticó el inicio del trámite parlamentario. pues se ha reducido a "un espectáculo de besos y abrazos a la ministra del aborto".
Bono critica a los religiosos opuestos a la nueva ley
José Bono, defendió ayer la reforma del aborto pese a su convicción católica y criticó a los religiosos que se oponen a ella con “posiciones condenatorias y de agresividad” pero que durante los gobiernos del PP “aceptaron mansamente” la aplicación de la anterior normativa.
Bono publicó esta opinión en el diario ‘El País’ en una carta abierta titulada ‘Aborto: ni derecho ni obligación’, justo el día en el que el pleno del Congreso debate y vota las enmiendas a la totalidad al proyecto de ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.
Una votación a la que Bono no se puede enfrentar, sostiene en su opinión, “como si de una ley sobre seguros agrarios se tratara”.
El PP insiste en que la reforma es inconstitucional
María Dolores de Cospedal, recalcó ayer la convicción de su partido de que la reforma de la ley del aborto es inconstitucional en los términos en los que ha sido planteada y aseguró que su partido “actuará en consecuencia”.
Cospedal, en una comparecencia ante los medios de comunicación en Toledo, fue preguntada por la reforma legal que ayer comienza su tramitación en el Congreso.
La dirigente del PP recordó que su partido ya avanzó que impugnará la ley ante el Tribunal Constitucional si es aprobada en los términos en los que llegó al Congreso.
A su juicio, el proyecto de ley del Gobierno no encaja con la doctrina del Tribunal Constitucional, por lo que, si es aprobado así, el PP “actuará en consecuencia”.
El PP sostiene que la actual regulación del aborto está avalada por la sentencia 53/1985 del Constitucional.
