La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), denuncia “la persecución que sufre una guardia civil destinada en la localidad gaditana de Chipiona, Luisa María Flores, que lleva un año de baja laboral y amenazada con la incapacidad permanente tras haberse negado a reducir la vigilancia a una mujer maltratada tal y como pretendían sus superiores ante la falta de personal”.
Según la AUGC, “se trata de un flagrante intento de quitar de en medio a una trabajadora que resulta molesta al cuestionar la arbitrariedad de órdenes dictadas por razones ajenas al compromiso con la seguridad pública que se ha de prestar a los ciudadanos. Con el agravante, en este caso, de que lo que se le pedía era rebajar el grado de protección a una víctima de violencia de género en riesgo extremo”.
Siempre según el colectivo de guardias civiles, “debido a su negativa, Flores fue apartada de su trabajo a través de la imposición de una baja por estrés. También han sido archivadas sus denuncias por acoso como guardia civil, un acoso que procede del entorno de la misma persona que amenaza a la citada víctima de violencia de género”.
La asociación explica que “tras este calvario” la agente “se ha sometido por su cuenta, y pagado de su propio bolsillo, a un completo chequeo para el informe pericial forense, psiquiátrico y psicológico, en el que se acredita que se encuentra en plenas facultades psicofísicas para realizar su trabajo como guardia civil”.
Sin embargo,” y pese a esta evidencia, Luisa María se enfrenta además a un expediente por falta grave y a la amenaza velada de verse apartada definitivamente del servicio activo al aplicársele la incapacidad definitiva”.
Desde AUGC “tenemos que volver a expresar nuestra indignación porque este tipo de actuaciones sigan vigentes en un cuerpo policial que debería dar ejemplo de rigor y respeto”.
