Cáritas reunirá los próximos días 18 y 19 a todos los miembros de los equipos parroquiales para informar del procedimiento para cursar la solicitud del ingreso mínimo vital (IMV), convalidado esta semana por el Congreso. Prevé aluvión. Para entonces, el secretario general de la entidad en la diócesis de Asidonia-Jerez, Manuel Pareja, confía en que se hayan resuelto las diferencias entre los gobiernos central y autonómico sobre la compatibilidad de la prestación no contributiva y el subsidio de la Junta. El Ejecutivo regional ha dictaminado que hay que demandar el IMV antes que pedir la renta básica andaluza y, en consecuencia, solo tramitará las peticiones que tuvieran resolución denegatoria o no estuvieran cubiertos por el IMV.
Pareja indica que Cáritas está por que las comunidades mantengan la inversión que actualmente destinan a las prestaciones de garantía de ingresos mínimos autonómicos, como la Renta Mínima de Inserción Social, de unos 420 euros, que pueda complementar el IMV. Y valora la posibilidad de que, según los casos, se mantenga de manera indefinida en el tiempo, aunque también contempla la opción de que sea temporal si es posible la integración plena por medio del empleo. “Hay que reforzar el acompañamiento y el seguimiento”, en cualquier caso, añade. “El IMV es un primer paso, una herramienta clave como medida protectora de los derechos básicos de unos 38.500 hogares gaditanos que carecen de ingresos”, pero, “y es una opinión personal”, aclara, “hay que fomentar el tejido productivo, la creación de puestos de trabajo”.
La crisis económica derivada de la crisis sanitaria se nota ya. Solo en la Diócesis de Jerez, Cáritas ha duplicado la asistencia durante el estado de alarma y la petición común ha sido la de alimento. “Mucho me temo que en los próximos meses vendrán desahucios y ejecuciones hipotecarias”, reconoce. “Confío en que el IMV palie esta situación”, añade, que se produce cuando aún coleaban las consecuencias del crack financiero de 2008. “Llueve sobre mojado”.
Cáritas ha detectado, no obstante, déficits en el IMV que, en ciertos puntos, coinciden con los señalados por el presidente de la Red Andaluza contra la Pobreza, José Luis Delcán, quien se felicita por la nueva prestación pero advierte de que no es suficiente porque excluye a personas sin hogar o a los menores de 23 años. También quedan fuera las personas en situación irregular o limita su concesión a dos unidades de convivencia en un mismo domicilio, pese a que muchas familias, ante la dificultades, comparten vivienda. Y, tanto una como otra entidad, advierten de que han detectado una gran complejidad sobre la prestación, que implicará serias dificultades en la tramitación y acceso.
