La muerte de George Floyd a manos de un agente de la autoridad estadounidense ha levantado una ola reivindicativa y solidaria con la comunidad negra afrodescendiente y africana en todo el mundo que alcanzó la orilla de la capital gaditana el pasado domingo 7, con una concentración organizada por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) y las Juventudes Libertarias de Cádiz.
“Hay un sistema estructural discriminatorio que diferencia entre la población extranjera y nacional y se manifiesta por medio del racismo institucional también en España”, sostiene Diego Boza, portavoz de Apdha en la provincia. “Es el más duro y el más frecuente, el que más se sufre”, apunta.
Como indicaba el manifiesto del acto organizado, “la oposición de ejercer el derecho universal a migrar de forma legal y segura, el encierro injusto y en condiciones deplorables en los centros de internamiento, las devoluciones en caliente o la imposibilidad de regularizar la situación administrativa durante tres años como mínimo que condena a vivir en la clandestinidad” se incluyen entre esas “prácticas supuestamente legales pero ilegítimas que pretenden justificarse con la excusa de la protección a la ciudadanía”.
También es racismo institucional “las detenciones en espacios no habilitados o superando el tiempo máximo legal” y las identificaciones basadas en perfil étnico, en las que se pide la documentación a una persona por el color de su piel, los rasgos o la forma de vestir, vinculados a una religión concreta, en lugar de por una sospecha razonable de que alguien ha cometido un delito.
Con respecto a esta última práctica, Apdha y el Instituto de la Paz y los Conflictos, dependiente de la Universidad de Granada, elaboraron un estudio mediante observación y entrevistas directas de febrero y mayo de 2015 en la estación de autobuses de la capital granadina que concluyó que la población africana es con diferencia más discriminada, con hasta 42 veces más posibilidades de ser identificada en comparación con el grupo caucásico; la población gitana hasta doce veces más; la magrebí, diez; y, finalmente, la latinoamericana hasta ocho.
“A esto hay que sumar el discurso generalizado que ha disparado los incidentes racistas. Se ha normalizado en el lenguaje público y político y eso lleva a la confrontación social. Se están cavando trincheras ideológicas”, advierte Boza.
Los datos relativos a delitos de odio del informe anual del Ministerio del Interior según la información que al respecto registran Policía Nacional, Guardia Civil, Policía autonómica y algunas policías locales señalan que, efectivamente, la mayoría de los 45 hechos conocidos en Cádiz en el año 2018, último ejercicio disponible, tuvieron que ver con ideología (22) y racismo y xenofobia (14).
Hace unos años, los más frecuentes eran por orientación o identidad social. “Solo en 2014 se contaron 115 incidencias”, recuerda Esperanza Moreno, veterana activista de la Asociación Provincial Lgtbi+ Arco Iris, el 22% del total nacional. “Aquello encendió todas las alarmas –relata-, lo que llevó a que el colectivo se organizara y visibilizara y, además, se establecieran líneas de trabajo con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para sensibilizar y concienciar”.
Es el camino. El portavoz de Apdha propone, incluso, fomentar el componente racial en las policías, porque “eliminaría barreras idiomáticas y facilitaría el acercamiento”, y trabajar en la educación y en la normalización públicamente.
Moreno, por su parte, también apela a llevar a cabo una reflexión individual. “Hay que abrir la mente”, afirma, al tiempo que advierte de que “las discriminaciones nunca vienen solas”. La clave está, dice, en la “interseccionalidad” como método de interpretación y abordaje de las desigualdades, teniendo en cuenta otros factores, además de la raza o el sexo.
“Debemos preguntarnos quiénes somos y qué hacemos para que los demás estén bien”, añade. Solo así, concluye, podremos comprender mejor cómo lo han pasado, por ejemplo, quienes han sufrido un doble confinamiento porque se han encerrado en casa y en el armario durante la crisis sanitaria porque en sus hogares son rechazados por su orientación o identidad social, quienes padecieron paradas policiales por motivos étnicos-raciales durante el estado de alarma o aquellos que, además de sufrir discriminación por estas razones, se encuentran además en situación laboral precaria o en situación de vulnerabilidad social.
