Sánchez Rizo concretó que la utilización de los taxis estaría justificada “en caso de que se tenga que realizar el levantamiento de un cadáver” o bien en localidades “donde no sea posible realizarlo a través de los medios de transporte colectivos”.
El delegado hacía referencia al autobús, para cuya utilización en la comarca se comprometió recientemente la Delegación de Justicia a mandar bonos para su utilización por parte de los funcionarios de Servicios Comunes, según comentaba ayer el delegado de CC OO en la rama de Justicia, José Luis Sánchez.
Como ya adelantó en su momento EL FARO INFORMACIÓN, la cooperativa Radio Taxi decidió en asamblea no llevar a cabo más traslados a jueces ni fiscales ante la perspectiva de no cobrar posteriormente las facturas. Este diario trató ayer de ponerse en contacto con el presidente de la cooperativa, Fernando Martín, y con otro representante de la misma, para conocer su disposición ante estos casos urgentes, siendo los esfuerzos infructuosos.
Durante la visita que Sánchez Rizo cursó al punto de encuentro familiar ubicado en la calle Museo, el delegado reveló que la consejería a la que representa está manteniendo contactos con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y la Fiscalía de Andalucía para la instauración de un protocolo que acelere los trámites para subastar los vehículos intervenidos.
Esta propuesta, junto con la que planteó a las empresas depositarias en la última reunión mantenida en Sevilla a principios de este mes de que los depósitos fuesen solares públicos de la Junta de Andalucía, se presentan, según Rizo, como las únicas vías para solucionar lo que calificó de “deuda histórica” a los depositarios.
“El coste diario de permanencia de un vehículo es de 3,61 euros, lo cual significa que a veces la custodia puede llegar a costar más que el vehículo en sí”, incidió.
Con respecto a la deuda con los abogados de oficio, recordó que el primer trimestre está pagado, y que esperan solventar “parte” del resto de honorarios atrasados antes de fin de año. Sánchez Rizo recordó que “estamos ante un marco presupuestario complicado y de austeridad” y que están tratando de priorizar los recursos en las áreas más necesarias desde el punto de vista ciudadano.
San roque
Sánchez Rizo celebró, además, la medida de incrementar en cuatro los funcionarios del Juzgado número dos de San Roque, al contarse este órgano judicial entre los tres más colapsados de la provincia, junto con el 2 de Barbate y el 4 de Chiclana.
Marchenilla
El delegado aprovechó su visita a Algeciras para conocer las instalaciones del centro de menores La Marchenilla, ubicado en la barriada de Pelayo, donde el director del recinto, Antonio Castillo, informó al responsable autonómico del alto grado de reinserción de los internos a su cargo, un 80 por ciento.
A ello agregó que la mayor parte de los ingresos en La Marchenilla tienen que ver con delitos relacionados con la droga o consecuencia de la misma, como pueden ser los robos con fuerza e intimidación.
Asimismo, Sánchez Rizo comentó que entre un 10 y un 15 por ciento de los menores ingresados en La Marchenilla son inmigrantes.
Sánchez Rizo completó su apretada agenda de ayer con una visita a la sede la Asociación de Mujeres Victoria Kent, en pleno centro de Algeciras, responsable de la gestión del Servicio de Asistencia a Víctimas de Violencia de Andalucía (SAVA), que guarda una estrecha relación con el juzgado especializado en violencia de género ubicado en el Palacio de Justicia de Algeciras.
Punto de encuentro familiar
Sánchez Rizo visitó ayer las instalaciones del Punto de Encuentro Familiar de Algeciras, un servicio puntual dependiente de la Mancomunidad de Municipios dictado por mandato judicial cuya finalidad es garantizar el derecho de los menores a relacionarse con sus progenitores y otros miembros de su familia a fin de cumplir el régimen de visitas, con idea de normalizar las relaciones dentro del ámbito familiar.
En esta visita, en la que contó con la compañía de la presidenta de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Isabel Beneroso, y la vicepresidenta, Herminia Moncayo. Esta última comentó que están a cargo del centro 73 menores -el último de los expedientes llegó ayer mismo por la mañana- algunos de ellos con recogida sólo para pernoctar y otros con los que se lleva a cabo un trabajo diario. Para Moncayo, “se trata de un servicio muy importante, porque si no las familias no tendrían otras posibilidades de visitar a los menores”.
Sánchez Rizo felicitó a los responsables del centro por las instalaciones y comentó otras iniciativas autonómicas de ámbito judicial como la mediación penal, que busca un acercamiento entre la víctima y el responsable del delito.