El grupo municipal del PSOE de Carboneras ha presentado recurso de apelación contra el auto que acordó el sobreseimiento de la causa abierta contra el exalcalde de Carboneras, el independiente Salvador Hernández (Gicar), por obstaculizar presuntamente la labor de oposición.
El escrito elevado al Juzgado de Instrucción 4 de Vera, consultado por Europa Press, argumenta que existen "suficientes indicios de prueba" para considerar que se está ante la comisión de un delito contra los derechos cívicos e interesa a la Audiencia Provincial de Almería la revocación del archivo.
El PSOE hace alusión a la declaración prestada en sede judicial por el portavoz municipal socialista, José Luis Amérigo, y a las diligencias practicadas al tiempo que desgrana en 18 puntos la documentación solicitada y a la que supuestamente no habrían tenido acceso.
El juez resolvió el sobreseimiento precisamente al estimar que algunas de las peticiones de información que formuló el PSOE y que fueron denegadas eran "excesivas, vagas, ambiguas o demasiado generalistas".
Añadió que otras peticiones supuestamente denegadas "no lo fueron", que de las peticiones que sí se concedieron presuntamente sin cita, "algunas sí que fueron consultadas y citados los concejales socialistas" y que los retrasos denunciados en la entrega de las actas de la junta de gobierno "no fueron en ocasiones excesivos" teniendo en cuenta "la dilación existente en la administración y el abundante trabajo que existiría en el Ayuntamiento según las declaraciones practicadas".
En el auto, el juez aseguró que "llamaba la atención" una de las 21 peticiones, en concreto la que hacía referencia a la denuncia contra el exalcalde Cristóbal Fernández y la concejal del PSOE Josefa Cruz por la desaparición presunta de unas láminas de Goya ya que Salvador Hernández "declaró que fue una denuncia personal contra el anterior alcalde, que, además, es tío del portavoz socialista en la actualidad y denunciante, José Luis Amérigo".
El sobreseimiento, también con respecto al ex secretario municipal Francisco Javier R.R. y el ex coordinador general del Ayuntamiento Joaquín G.B., llegó tras el análisis detallado de las solicitudes de información formuladas entre los años 2014 y 2017 y de que el Ministerio Fiscal, que instó a abrir diligencias previas para investigar un posible cercenamiento del derecho de la oposición al acceso a información, interesase el archivo.
El juez Alfonso Peralta detalló que, según la denuncia, cinco de las peticiones estarían sin respuesta, ocho sin cita aunque respondida y diez denegadas. Sobre estas últimas, remarca que algunas tienen como objeto "un contenido tan amplio y genérico" que se hace "muy difícil" su contestación.
Focalizó, por ejemplo, en una solicitud "excesivamente voluminosa" como es la "consulta del libro de registros de la Policía Local, así como de todas las denuncias" y tildó de "comprensible" que fuese denegada en dos ocasiones "por no ser individualizada, entorpecer el funcionamiento normal de la administración y contener datos protegidos de carácter personal".
"Las peticiones, como puede comprobarse en la documentación obrante, eran muchísimas y continuadas, algunas de todo punto desorbitadas", remarcó para añadir que el propio denunciante, José Luis Amérigo, declaró que "en ocasiones realizaba las peticiones por duplicado, de la totalidad del expediente y de alguna de las partes".
Tras la criba, el juez señaló que solo podrían considerarse denegadas dos pero que, en realidad, una de ellas referente a la compra de contenedores "sí fue concedida con acceso y con cita a dos concejales que firmaron el acta" mientras que en la segunda, la ya mencionada denuncia de las láminas de Goya, también "se permitió el acceso, con acta firmada por las mismas ediles.
Respecto a las solicitudes que fueron concedidas pero sin fecha, el auto recogió que por la parte denunciada se aportó escrito con cita al solicitante, junto con el acta de las consultas firmadas por el denunciante. "Este sostiene que no fueron respondidos, y sin embargo consta en actuaciones su contestación y consulta", apuntilla.
En cuanto a los retrasos en la entrega de las actas de la Junta de Gobierno, el juez instructor indicó que las fechas de entrega ronda de un mes a tres meses y que el exsecretario municipal "justificó los retrasos en que tenían que confeccionarse por varios departamentos y recabar documentación".
Aseguró que "era práctica habitual acumular varias y entregarlas todas de golpe", apuntó para apelar al principio de intervención mínima de la jurisdicción penal y añadir que el denunciante no ha acreditado interposición de recurso contencioso administrativo en materia de vulneración de derechos fundamentales, recurso administrativo o jurisdiccional o revisión de oficio o declaración de lesividad en vía administrativa por las conductas denunciadas ni tampoco consta una simple carta o queja formal relativa por ejemplo al retraso en la entrega de las actas de la Junta de Gobierno Local.
Salvador Hernández, defendido en este caso por Juan Marfil, está cumpliendo actualmente pena de un año de inhabilitación por hechos similares a raíz de una denuncia impulsada también por el PSOE aunque liquidará condena en abril y ha anunciado su intención de concurrir a la Alcaldía de nuevo en las próximas elecciones municipales.
