Italia vivió pendiente este viernes del desacuerdo entre las dos máximas autoridades del país, que han chocado frontalmente sobre el caso Eluana, la joven en estado de coma vegetativo desde 1992 cuya alimentación e hidratación ya ha empezado a ser reducida ayer mismo, en cumplimiento tal y como había autorizado el Tribunal Supremo.
Ya por la mañana, el presidente de la República envió una carta a Berlusconi en la que expresaba su oposición al decreto ley que el Consejo de Ministros pretendía aprobar y por el que se prohibía la suspensión de la alimentación e hidratación a cualquier persona en estado vegetativo.
Sin embargo, Berlusconi siguió adelante con su decreto ley –que sin la firma de Napolitano no puede ser efectivo– y aprobó una norma por procedimiento de urgencia para evitar, según él, una “omisión de socorro” a una persona cuya vida “corre peligro”.
Napolitano anunció poco después que no firmará el decreto, porque considera que podría ser anticonstitucional, por lo que ahora queda en manos del Gobierno, que no descarta, incluso, convocar al pueblo italiano a un referéndum para cambiar los procedimientos para los decretos leyes de urgencia en la Constitución.
Mientras el país asistía a la catarata de informaciones y desencuentros, los médicos que atienden a Eluana iniciaron la reducción en un 50% de la alimentación e hidratación artificial que suministran mediante una sonda a la joven.
El equipo médico ha previsto un estricto protocolo que ha comenzado tres días después de que Eluana ingresara en la casa de cuidados La Quiete de Udine.
Después del anuncio de Napolitano de que no firmará la prohibición de Berlusconi, el abogado de la familia Englaro, Vittorio Angiolini, aseguró que seguirán adelante con el proceso de reducción de la alimentación a Eluana que, según los expertos, podría tardar en morir unos quince días.
El padre de la joven, Giuseppe Englaro, dijo que se encontraba “conmocionado” por lo que estaba sucediendo, que todo era “un tormento sin fin” y prefería continuar en silencio, una postura que ha querido mantener a lo largo de los últimos meses, a pesar de toda la expectación mediática que ha levantado el caso de su hija.
Por su parte, el ministro de Sanidad italiano, Maurizio Sacconi, presente junto a Berlusconi en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, anunció que ha enviado inspectores al centro sanitario de Udine “para responder a algunas preguntas que aún no han tenido respuesta” por parte de la clínica.
Sacconi ya pidió a la región de Friuli Venezia Giulia, a la que pertenece Udine, que estudiase “la idoneidad” del centro para acoger la muerte de la joven, después de haber emitido una circular en diciembre pasado en la que prohibía a los centros públicos y privados del país llevar a cabo este proceso.