Fernando Mellet, exgerente de Mercasevilla, y Pilar Giraldo, exdirectora económica, alegan que no les notificaron la resolución de la magistrada de la Audiencia que tramitó la recusación ni les han permitido recurrir el posterior auto de la Sección Séptima de la Audiencia, lo que hace que "nos encontremos ante un proceso sin todas las garantías".
En diciembre de 2010, la Audiencia de Sevilla rechazó la recusación de la juez Mercedes Alaya, pedida por Giraldo, tras considerar que se basaba en "afirmaciones subjetivas carentes de apoyo" y en datos falsos sobre el trabajo de su marido como auditor del mercado.
Según la Audiencia, es cierto que Jorge Castro, marido de la juez Alaya, trabajó para la empresa de auditoría KPMG, pero los informes sobre el mercado central sevillano fueron firmados por otro experto.
La recusación fue presentada por Giraldo, imputada en la rama del caso Mercasevilla que investiga la falsedad en las cuentas y los excesivos gastos con la tarjeta VISA, por entender que la juez pudo verse influida por el hecho de que su marido fue cesado como auditor de la lonja cuando Mellet accedió al cargo, en 2002.
Ahora, la defensa de los dos imputados recurre porque la magistrada instructora del expediente rechazó tomar declaración a cinco testigos cuya comparecencia considera "absolutamente necesaria para clarificar, de forma definitiva, la existencia de causa de abstención".
Los testigos son trabajadores o directivos de Mercasevilla cuya comparecencia fue denegada "con una justificación estereotipada, casi monosilábica", dice la petición de nulidad a la que ha tenido acceso Efe.
Explica que la información enviada por la propia Mercasevilla confirma que el esposo de la juez trabajó como auditor, lo que "introduce el elemento justificativo del contacto objetivo del marido de doña Mercedes Alaya con el material objeto de investigación".
En su incidente extraordinario de nulidad, la defensa de Mellet y Giraldo pide que sean declarados nulos los autos de la magistrada instructora que remitió el asunto a reparto y el posterior auto de la Audiencia que rechazó la recusación.
Por tanto, reclama que las actuaciones se retrotraigan, se notifique el auto a todas las partes personadas y "se continúe el procedimiento por los trámites legalmente establecidos".
