La Guardia Civil ha neutralizado ocho fiestas ilegales y reuniones sociales de personas no convivientes en diferentes localidades de las islas de Mallorca e Ibiza durante este fin de semana, en las que ha denunciado a 266 personas y a una empresa de seguridad por incumplir las medidas anticovid.
Además de las denuncias por incumplimientos de las medidas en vigor para afrontar la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, también han sido detenidos tres asistentes a una de las fiestas, dos por desobediencia y una tercera por un delito contra la salud pública, ha detallado el instituto armado en un comunicado.
La última intervención ha sido esta madrugada, cuando la Guardia Civil y la Policía Local de Sant Josep de Sa Talaia (Ibiza) han puesto fin a una fiesta con 147 personas, en el interior de una villa situada junto al campo de fútbol de la localidad.
La asistencia a esta fiesta se comercializaba, por lo que además de incumplir la normativa anticovid también infringe la legislación sobre actividades. Participantes y organizadores eran conscientes de esta circunstancia y, para evitar ser descubiertos, cubrieron las ventanas con colchones, con la aparente intención de no ser ni audibles, ni visibles desde el exterior.
Además, los organizadores habían contratado un servicio de seguridad privada, al que habían encomendado la custodia de los teléfonos móviles de los asistentes, una condición previa de acceso a la fiesta.
A los 147 identificados como asistentes se les multará, con una sanción máxima de hasta 60.000 € de multa. Una parte importante de los asistentes eran ciudadanos extranjeros de Alemania, Argentina, Colombia, Francia, Italia y Reino Unido.
Dos personas han sido detenidas por la presunta comisión de sendos delitos de resistencia y desobediencia, y a una tercera por delito contra la salud pública, tras incautarle diversas cantidades de droga en monodosis. Varios asistentes han sido denunciados por tenencia de sustancias estupefacientes (cannabis, cocaína y “tusi” o cocaína rosa).
La Guardia Civil también denunciará a la empresa de seguridad, en su caso por el deber de contribución del sector de la seguridad privada al cumplimiento de las medidas para afrontar la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.
Una de las primeras intervenciones del fin de semana fue el viernes, cuando fueron denunciadas 38 personas (acompañadas de 5 menores) por participar en una reunión social en una explanada anexa a una vivienda en el barrio de San Trutoy en el municipio de Sant Josep de Sa Talaia (Ibiza), donde los agentes accedieron a pie porque el camino que llevaba hasta el lugar se encontraba cortado con piedras.
También en la tarde del viernes, otro grupo de 16 personas fue identificado y denunciado en una reunión en el Faro de Sóller (Mallorca) cuyo acceso habían cortado mediante la colocación de un triángulo de señalización de averías, simulando la prohibición de acceso al mismo.
Otra de las intervenciones, ocurrida el sábado, fue en 3 yates abarloados y fondeados en Portal Vells (Mallorca), donde se estaba celebrando una fiesta ilegal. Cuando llegó la patrulla de la Guardia Civil, varios de los asistentes abandonaron el lugar en motos de agua.
Los propietarios de los yates serán denunciados por el incumplimiento de la normativa COVID-19 y por haber fondeado en una pradera de posidonia.
Las demás intervenciones por reuniones ilegales han sido en Santa Eulàlia (6 denunciados) el Cami de Son Arbos, en Algaida (6 denunciados), la playa de Es Calonet en Sant Josep de Sa Talaia (25 denunciados) y en el parque de Cas Capitá, en Marratxí (15 denunciados).
