Un centenar de organizaciones reclaman al Gobierno que ponga en marcha el II Plan De Derechos Humanos que por mandato del Congreso debería haber elaborado hace ya dos años y que permitiría contar con una estrategia nacional y medidas concretas para garantizar tanto en política interior como exterior, la promoción y protección de los derechos fundamentales.
Cuando se cumplen dos años desde que el Pleno del Congreso dio mandato de aprobar dicha estrategia, organizaciones como Amnistía Internacional recuerdan que en mayo de 2013 la Comisión parlamentaria de Asuntos Exteriores le instó de nuevo a buscar "fórmulas para que las estrategias y Derechos Humanos se configuren al margen de los cambios políticos en el Gobierno de España [...] de tal forma que España siempre cuente con un Plan de Derechos Humanos en fase de elaboración o en vigor". Tampoco se ha cumplido.
"Las organizaciones consideran que un plazo de dos años es más que suficiente y se han dirigido al Presidente Mariano Rajoy para mostrar su preocupación por la renuncia del Director del Comité Técnico encargado de la elaboración del documento, por los retrasos injustificados en el desarrollo del proceso", explican en un comunicado.
Para Amnistía es necesario avanzar y adoptar el Plan que debe garantizar medidas concretas tanto de política exterior como de política interior, así como incorporar objetivos claros, estrategias de acción y plazos de aplicación que permitan contribuir a la consecución de resultados. Asimismo, debe garantizar transparencia con la sociedad civil y el Congreso de los Diputados, a quien el Gobierno deberá informar anualmente sobre el cumplimiento.
"Los derechos humanos deben considerarse un interés nacional y deben estar en el centro de las políticas que se lleven a cabo, de ahí la importancia del II Plan de Derechos Humanos. Sólo así se conseguirán avances que beneficien a las miles de víctimas de violaciones de derechos humanos que hay en todo el mundo, incluidas las del propio país", asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.
