El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha defendido que el conflicto de los trabajadores interinos de dicha institución afectados por el supuesto uso abusivo de la temporalidad en sus contrataciones no puede tener una "solución localista" dado el alcance de dicha problemática, sino que debe mediar un remedio de la mano de "las autoridades ministeriales competentes y de las comunidades autónomas", de aplicación en las entidades locales.
En una entrevista con Europa Press, Rodríguez Villalobos ha hablado del conflicto derivado de la situación de los 532 trabajadores interinos de la Diputación ante las ofertas públicas de empleo (OPE) promovidas por la institución en los últimos tiempos, en muchos casos incluyendo las plazas para las cuales fueron contratadas estas personas.
Al respecto, un portavoz de este colectivo explicaba que entre estos interinos figuran "muchos casos" de personas que tras "décadas" trabajando en la institución provincial, afrontan tales procesos selectivos "sin opciones reales" de consolidar su posición en la plaza que ocupan como interinos, pues compiten con jóvenes recién titulados, con formación específica y carentes de "obligaciones" familiares o laborales a la hora de preparar una oposición.
En todo ello incide el litigio promovido ante la Unión Europea contra la Administración española en demanda de que se declarase trabajadores indefinidos a los empleados públicos españoles incorporados como interinos o temporales pero que suman años y años de servicio por un supuesto abuso de las instituciones en la contratación eventual.
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL EUROPEO
El pasado mes de marzo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitía su sentencia, recogida por Europa Press, determinando que "incumbe al órgano jurisdiccional nacional apreciar, con arreglo al conjunto de normas de su Derecho nacional, si la organización de procesos selectivos destinados a proveer definitivamente las plazas ocupadas con carácter provisional por empleados públicos nombrados en el marco de relaciones de servicio de duración determinada, la transformación de dichos empleados públicos en indefinidos no fijos y la concesión a estos empleados públicos de una indemnización equivalente a la abonada en caso de despido improcedente constituyen medidas adecuadas para prevenir y, en su caso, sancionar los abusos".
Tras ello, la Diputación decidía reanudar los procesos selectivos que tenía en marcha y que habían sido suspendidos por el estado de alarma decretado contra la pandemia de Covid-19, si bien finalmente fue acordado anular los calendarios de los procesos que afecten a personal temporal o interino de larga duración, a la espera de un pronunciamiento del Ministerio de Política Territorial y Función Pública sobre el asunto o una sentencia firme de los tribunales españoles.
Los interinos, en cualquier caso, insisten en pedir la "paralización absoluta" de los procesos selectivos y su "regularización" para no "pagar el pato" del "enorme fraude de ley" implícito en no convocar en su debido momento las ofertas de empleo público correspondientes a las plazas en las que estas personas trabajan en calidad de interinos o temporales.
Al respecto, Fernando Rodríguez Villalobos ha manifestado que la mencionada sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea "no implicaba necesariamente una renegociación de los términos de los acuerdos alcanzados sobre la estabilización del empleo temporal" de la Diputación, agregando que los litigios por vía judicial promovidos por parte del colectivo de interinos, todos ellos "más o menos con los mismos argumentarios", han propiciado "sentencias en todos los casos favorables a la Corporación" provincial.
"CUESTIÓN DE ESTADO"
Pero sobre todo, ha razonado que no se trata de "un asunto de la Diputación de Sevilla o del Ayuntamiento de Sevilla, sino una cuestión de estado" respecto a la situación de "todos los interinos" afectados por el abuso en la contratación temporal. Por eso, ha expuesto que la "solución no puede venir de manera localista, sino de la mano de las autoridades ministeriales competentes" en la materia "y de las comunidades autónomas", ante lo cual las entidades locales estarán "al dictado" de lo que tales poderes dictaminen.
Insistiendo en la idea de que este asunto no puede ser resuelto "de manera individual" por cada diputación o ayuntamiento, Rodríguez Villalobos ha manifestado su deseo de que "todo el personal interino" conserve su puesto, porque se trata de un colectivo laboral que "tiene bagaje suficiente" para ello y estos empleados han demostrado ser "buenos trabajadores".
En ese sentido, Rodríguez Villalobos ha defendido el "entendimiento" alcanzado entre la Diputación y los representantes del colectivo de interinos, para "ralentizar" los procesos selectivos motivo de conflicto, con la condición eso sí de que tal extremo no derive en "la caducidad" de las convocatorias de empleo, según ha recordado. "No habrá pruebas (selectivas para las plazas ocupadas por los interinos en situación de abuso de la temporalidad) hasta que llegue el pronunciamiento de las autoridades ministeriales, que acataremos sin lugar a dudas", ha enfatizado.
