La juez de Instrucción número 3 de Sevilla ha imputado este miércoles un delito de malversación de caudales públicos al exgerente de la sociedad municipal Limpieza Pública y Protección Ambiental (Lipasam) Rafael Pineda por haber autorizado el pago para el viaje de seis técnicos de Lipasam a Cuba, según han informado a Europa Press fuentes del caso.
La comparecencia de Pineda ante la juez se ha prolongado por espacio de una hora y, a su término, el exgerente de Lipasam ha atendido a los periodistas para asegurar que se encuentra "tranquilo" y que confía en que la causa contra él se archive, pues entiende que el motivo de los viajes --en total dos, yendo en cada viaje tres técnicos-- está plenamente justificado.
En este sentido, Rafael Pineda ha defendido que los técnicos viajaron a Cuba a fin de acudir al Centro de Educación Ambiental y asesorar en materia de recogida de residuos, señalando que Lipasam "es líder a nivel nacional en recogida de residuos" y que "la forma de hacer cooperación internacional no era prestar dinero sino conocimiento y formar a los técnicos cubanos".
La juez apenas ha preguntado a Rafael Pineda sobre la presunta venta irregular de aproximadamente mil vehículos abandonados custodiados por la Oficina de Vehículos Abandonados (OVA), que dependía de la propia Lipasam, y sobre este particular el imputado únicamente ha señalado que, en el año 2009, se mandaron 20 o 25 vehículos con un valor máximo de 200 euros cada uno, precisando que el propietario del desguace imputado en la causa ya dijo que dichos coches eran suyos después de haberlos abonado.
En la jornada de este miércoles han comparecido también ante la juez, aunque en calidad de testigos, el que fuera director de Recursos Humanos de Lipasam entre febrero de 2010 y agosto de 2011, Manuel Torreglosa, y Manuel Alejandro Pulido como encargado del control de la gestión económica y las inversiones.
Asimismo, la juez ha citado como imputado el próximo día 16 de enero al que fuera jefe de Relaciones Externas e Institucionales de Lipasam hasta 2009 y posterior jefe del servicio de Inspección Enrique Herbello Naveiro.
Estas diligencias, en las que también figuran como imputados por cohecho y falsedad documental el responsable de la Oficina de Vehículos Abandonados y el propietario de un desguace, se remontan al mes de junio de 2012 y parten de la denuncia promovida por la Gerencia de la propia sociedad municipal Lipasam.
En concreto, la investigación corresponde al destino de aproximadamente mil vehículos abandonados depositados en la Oficina de Vehículos Abandonados de Lipasam y presuntamente entregados a diversas chatarrerías al margen del procedimiento oficial, pues Lipasam no habría obtenido contraprestación económica alguna por la entrega de los coches.
