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Sevilla

Citan al expresidente de los mayoristas de pescado de Mercasevilla y a su hija

A José Ignacio Alonso Rivero, "socio y firmante de la auditoría de cuentas anuales de Mercasevilla, relativas al ejercicio 2008, elaborada por 'Price Waterhouse'"

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  • ALAYA -

La juez Mercedes Alaya ha citado a declarar como imputados este viernes al expresidente de la Asociación de Mayoristas de Pescado de Mercasevilla y a su hija, mientras que el jueves le tocará el turno a un socio de la empresa auditora 'Price Waterhouse Coopers S.L.', dentro de la investigación por las presuntas irregularidades contables cometidas en el mercado central.

   En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla cita a declarar como imputado el próximo jueves a José Ignacio Alonso Rivero, "socio y firmante de la auditoría de cuentas anuales de Mercasevilla, relativas al ejercicio 2008, elaborada por 'Price Waterhouse'".

   Y es que el ejercicio 2008 se saldó para Mercasevilla con pérdidas por valor de 1.539.000 euros pero la directiva repartió dividendos por valor de 258.000 euros, extremo que no habría detectado 'Price Waterhouse' --a quien el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, dependiente del Ministerio de Hacienda, llegó a abrir un expediente sancionador-- al auditar las cuentas de Mercasevilla.

   La juez considera en su resolución judicial que dichas cuentas "debieron ser reformuladas".

   Asimismo, la magistrada ha citado como imputado este viernes al expresidente de la Asociación de Mayoristas de Pescado Antonio Vela "por la recepción de determinadas cantidades como mera liberalidad de Mercasevilla", pues en concreto Mercasevilla habría abonado a la asociación 76.000 euros entre 2007 y 2008 por "supuestos servicios de asesoramiento y reembolso por compra de palets".

   La juez señala que "no se expidieron facturas con los adecuados requisitos formales, sin que tampoco exista un contrato que recoja las condiciones o el alcance de los servicios a prestar".

   A ello, según la instructora, se suma otro pago de 30.328 euros fraccionado en tres veces por los que no se habrían expedido facturas con los adecuados requisitos formales, mientras que tampoco se habría suscrito un contrato con "las condiciones o el alcance de los servicios a prestar".

BECA A LA HIJA DEL EXPRESIDENTE DE LOS MAYORISTAS DE PESCADO

   De este modo, Mercasevilla pagó 106.328 euros a la asociación, cantidad que fue abonada "por puro ánimo de liberalidad".

   Respecto a la hija del imputado, Carmen Vela Maldonado, que también declarará el viernes, la juez explica que habría sido "receptora de una beca de 24.000 euros procedente de la Fundación Socioasistencial Mercasevilla --para estudiar diseño gráfico en Londres-- por razones de mera liberalidad".

   Asimismo, la juez ha citado como testigo el próximo jueves a Leonardo Antonio Guerrero, trabajador de Mercasevilla que habría realizado los pagos a la asociación y también los relativos a la beca.

   Por último, Alaya ha citado en enero a los funcionarios de la Agencia Tributaria que realizaron el informe pericial sobre las cuentas de Mercasevilla a fin de que "ratifiquen, en su caso", tanto este informe como otro ampliatorio sobre una factura emitida por Mercasevilla a Sanma Desarrollos Urbanísticos.

   Hay que recordar que, en un auto del pasado 30 de octubre, la magistrada ordenó investigar una factura de 150.000 euros abonada a la lonja once días después de que se adjudicara el concurso sobre los suelos de Mercasevilla a Sanma, filial de Sando.

   En esta causa también están imputados los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce y la exdirectora del área económica y de contabilidad Pilar Giraldo, quienes se acogieron a su derecho a no declarar después de que la juez los acusara de "realizar actuaciones" tendentes a "inflar" el resultado económico de la entidad, para lo cual "redujeron las pérdidas de la sociedad y mejoraron en apariencia su situación financiera y patrimonial, dando lugar a la existencia de graves anomalías contables" en sus cuentas anuales.

   La juez les imputó cuatro presuntos delitos continuados de malversación, fraude y exacciones ilegales, un delito societario en su doble modalidad de falsedad en las cuentas anuales y de administración desleal, y apropiación indebida.

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