El alcalde de Utrera (Sevilla), Francisco Jiménez (PA), ha defendido este miércoles que las diligencias incoadas por el Juzgado de lo Mercantil número dos a cuenta de la quiebra de la extinta Sociedad de Promoción y Desarrollo de Utrera (Produsa), declarada en concurso de acreedores en 2012, versan sobre los "problemas de gestión" de dicha sociedad pública. Mientras la Fiscalía le incluye en su petición sobre la declaración de culpables de este concurso de acreedores, el alcalde defiende su inocencia y asegura que su honradez quedará demostrada en el procedimiento.
Francisco Jiménez ha celebrado este miércoles una rueda de prensa a cuenta del escrito de la Fiscalía que reclama al Juzgado de lo Mercantil número dos de Sevilla que él mismo, como alcalde de Utrera y otrora presidente del consejo de administración de Produsa, otros miembros de la Corporación local, los dos últimos consejeros delegados de la empresa pública y los representantes de Prodetur e Inpro en dicho órgano de gobierno de la empresa municipal de Utrera, sean declarados culpables e inhabilitados durante varios años para administrar entidades mercantiles y bienes ajenos.
PETICIÓN DE INHABILITACIÓN
Para el alcalde de Utrera, la Fiscalía pide cinco años de inhabilitación para administrar bienes ajenos y entidades mercantiles, reclamando tres años, con los mismos efectos, para los representantes de las sociedades provinciales Prodetur e Inpro en el consejo de administración de Produsa. Todo ello merced a las "irregularidades y retrasos contables" detectados en la gestión de Produsa y su declaración de concurso voluntario de acreedores.
En ese sentido, Francisco Jiménez ha defendido el papel de Produsa, declarada en concurso de acreedores en 2012 y en fase de liquidación desde 2013, en el tejido socioeconómico de Utrera. En concreto, ha esgrimido las más de 500 viviendas protegidas construidas desde Produsa, la creación del polígono La Morera, la celebración de ferias temáticas como Feinsur, la Feria de la Tapa, Utrera de Boda o la Feria del Stock, o la realización de numerosos cursos de formación concertados con la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, que en su propio colapso económico adeuda más de 200.000 euros a la ya extinta sociedad municipal de Utrera.
LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL
Respecto a las acusaciones que pesan en su contra, el alcalde explica que el informe elaborado por la administración concursal encargada de Produsa, documento del que parte el pronunciamiento de la Fiscalía, señala una rebaja de 12 a ocho millones de euros en la valoración de los inmuebles pertenecientes a Produsa, extremo que él considera "más que justificable por la devaluación del patrimonio inmobiliario de cualquier empresa o particular con motivo de la crisis".
En cuanto a la no contabilización de una deuda con acreedores por importe de 527.000 euros, el alcalde alega que este extremo "se compensa con otros activos por valor de 519.000 euros que tampoco se habían consignado y que hace que Produsa continúe teniendo una valoración que supera a sus obligaciones de pago". Todo esto, junto al retraso en la presentación de las cuentas de 2012, además de la no justificación de una subvención de 23.000 euros, son los argumentos expresados por la administración concursal y recogidos a su vez en el informe de la Fiscalía.
"Aquí de lo que se está hablando es de problemas de gestión, por eso estamos ante un procedimiento mercantil que no justifica, bajo ningún concepto, los insultos, las bajezas y las descalificaciones que estoy padeciendo en estos días por parte de quienes tienen mucho que callar y piensan que todos somos iguales", dice el alcalde dirigiéndose a "aquellos cobardes que, amparados en el anonimato, se dedican a enviar mensajes de móviles con falsas acusaciones". Por último, Francisco Jiménez reitera su inocencia y afirma tajante que demostrará su honradez "personal y pública".
LA QUIEBRA DE PRODUSA
Fue a comienzos de 2012, recordémoslo, cuando el Ayuntamiento de Utrera anunció un concurso voluntario de acreedores para la sociedad de desarrollo municipal Produsa, participada también, pero minoritariamente, por las sociedades Prodetur e Inpro, pertenecientes a su vez a la Diputación provincial. En aquellos momentos, la plantilla de Produsa llevaba ya cinco meses sin cobrar, los embargos de la Agencia Tributaria y la Seguridad Social habían congelado las cuentas de la empresas y mediaba una deuda cercana a los 300.000 euros con diferentes proveedores.
