La asociación de productores Asociafruit ha pedido a un juzgado de Sevilla que embargue el sueldo como parlamentario andaluz de Juan Manuel Sánchez Gordillo (IU), alcalde de Marinaleda (Sevilla), para hacer frente a su condena de 483 euros por los daños causados durante una ocupación de jornaleros.
Sánchez Gordillo, junto a otros 68 militantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), fueron condenados a pagar una multa de 60 euros cada uno, y de manera conjunta los 483 euros en que se tasaron los daños al mobiliario y persianas causados durante la ocupación.
Los hechos ocurrieron el 28 de noviembre del 2008, cuando un centenar de militantes del SAT ocuparon la sede de Asociafruit en la avenida de Málaga de Sevilla para exigir que interviniese en la contratación de hasta 30 trabajadores que fueron despedidos de la finca "La Jarilla" por, supuestamente, estar afiliados o ser simpatizantes de dicho sindicato.
La Policía Nacional desalojó a los ocupantes cuatro horas después, y en ese tiempo fueron retenidos varios trabajadores de Asociafruit.
En el juicio, los procesados se acogieron a su derecho a no declarar y Sánchez Gordillo, que habló en nombre de sus compañeros, negó haber cometido ningún delito ya que su actuación fue pacífica y desalojaron el lugar cuando se lo pidió la Policía.
La sentencia del juzgado de instrucción 8 fue declarada firme en octubre pasado por la Audiencia de Sevilla, por lo que ahora el abogado de Asociafruit ha pedido que se acuerde el "inmediato embargo del sueldo de parlamentario del condenado Juan Manuel Sánchez Gordillo" para hacer frente a su responsabilidad solidaria.
En su escrito, al que ha tenido acceso Efe, pide que el juzgado oficie un mandamiento en ese sentido a la Oficina de Gestión Económica de la Cámara autonómica y que ingrese los 483 euros en la cuenta de consignaciones del juzgado.
No obstante, el juzgado ha respondido que esperará a que los condenados respondan al requerimiento de pago que ya les han hecho.
Cada uno debe abonar una multa de un mes con cuota diaria de dos euros, lo que equivale a 60 euros, y repartir entre todos ellos el pago de los 483 euros.
Los jornaleros fueron condenados por un delito de ocupación de un lugar público contra la voluntad de su titular, aunque Asociafruit, personada como acusación particular, situó el total de la multa en 1.200 euros para cada uno por incluir delitos de ocupación, coacciones y daños.
Esta asociación pidió para cada procesado una multa de 600 euros por una falta de ocupación de un local abierto al público contra la voluntad de su titular, otras dos multas de 200 euros cada una por sendas faltas de coacciones y otros 200 euros por una falta de daños.
