La Diputación de Sevilla y la Junta de Andalucía atenderán a unas 150 familias con menores en riesgo de los municipios sevillanos de menos de 20.000 habitantes y que no cuentan con sus necesidades básicas resueltas, tanto físicas, como emocionales o educativas, gracias a la renovación del programa de Tratamiento a Familias con Menores, que cuenta con una inversión conjunta de más de 711.000 euros.
Según ha explicado a Europa Press la psicóloga y especialista en maltrato infantil Encarna Sánchez, integrante del proyecto, el montante de este convenio, que se renueva anualmente, se dirige principalmente al pago de los equipos técnicos que desarrollan estos proyectos en los municipios de menos de 20.000 habitantes. Así, se establecen seis ámbitos en la provincia, como son Castilleja de la Cuesta, El Pedroso, Guillena, Marchena, Osuna y Umbrete, desde se da servicios a más de una quincena de pueblos en cada uno.
Subraya que estos equipos se diferencian de otros programas en que se desplazan para atender a las familias con menores en riesgo, unos problemas que "con la crisis se agravan", apuntando que a situaciones de dependencia a tóxicos, problemas de salud mental, o relaciones familiares, se unen los problemas con la vivienda o de acceso a ayudas públicas, "lo que genera un contexto de riesgo muy importantes". "Hemos visto incrementarse las peticiones con la crisis y aumentar la gravedad de los casos, porque el bienestar económico es un colchón muy importante para las familias, y el que haya paro en la familia o que se esté pendiente de un desahucio provocar una importante inseguridad", agrega.
En este marco, cada equipo trabaja con unas 22 familias, con quienes se trabaja un periodo "intensivo" de 18 meses, y está formado por un psicólogo, trabajadores sociales y un educador que ofrecen en los municipios terapias de pareja a los padres, orientación laboral a los padres en paro o técnicas para mejorar las relaciones con los menores, entre otros, "dando soluciones integrales y adaptándose a las diferentes dificultades". "Una de las claves es que la familia tiene que luchar también para salir adelante y no ser pasiva, porque de lo contrario podría suponer un criterio de expulsión del programa", señala.
Las familias que llegan a este programa puede provenir de distintas vías, entre las que se encuentra que el propio municipio tenga conocimiento de la existencia de una familia en riesgo y le proponga entrar en esta iniciativa o que los niños sean derivados por el servicio de protección de menores para procurar la reunificación familiar, ya sea por la vuelta de los menores su vivienda o preparando el hogar de acogida. "Es un apoyo muy importante para los municipios", sentencia.
