El delegado territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Ángel Acuña, ha recordado al delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, que la ejecución de las depuradoras de Barbate, San Roque, Sanlúcar, Trebujena y San Martín del Tesorillo “es una tarea que tiene que realizar el Estado no por un acto de buenismo o colaboración más o menos forzada por la ciudadanía o las circunstancias, sino simplemente porque lo dice la Ley”.
El delegado de Medio Ambiente ha recalcado que el anexo con el listado de inversiones del Plan Hidrológico Nacional, que data de 2001, incluye la ejecución de la infraestructura necesaria para el saneamiento y depuración de estas localidades como obras de interés general del Estado. Por el contrario, el Estatuto de Autonomía de Andalucía, con rango de Ley Orgánica, dice que la comunidad autónoma hará las depuradoras salvo precisamente aquellas catalogadas como de interés general del Estado.
Según reitera Acuña, la Ley 11/ 2005 que modifica el Plan Hidrológico Nacional dice en su artículo 36.3 que “las correspondientes leyes de presupuestos recogerán los compromisos de gasto adecuados y suficientes para hacer frente al citado plan de inversiones”, de lo que deduce que esa inversión del Estado debe ser un “imperativo” y “no algo graciable”. Por lo tanto, “el señor Sanz falta a la verdad porque la ejecución por parte del Gobierno central de esas depuradoras mencionadas es simple y llanamente el cumplimiento de la Ley por parte del Estado”.
“Las declaraciones del señor Antonio Sanz son incomprensibles, ya que parece desconocer la ley y, sobre todo, el trabajo y los acuerdos a los que llega su propio gobierno”, ha añadido el delegado de Medio Ambiente.
En concreto, fue el pasado día 19 de julio cuando el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, y la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, firmaron el protocolo de colaboración que define las líneas para el cumplimiento de la normativa europea sobre tratamiento de aguas residuales en Andalucía. El documento contempla una inversión de 791 millones de euros para 149 actuaciones concretas en el marco de acción comunitaria 2014-2020. El Estado aportará 231 millones de euros del Programa Operativo de los fondos FEDER; y la Junta, a su vez, 561 millones, de los que un 90% corresponden del Canon de Mejora Autonómico, y el 10 % restante a fondos FEDER.
“La Junta aporta el 71% de los fondos a ese protocolo que va a permitir que el Gobierno central cumpla de una vez con la ley 16 años después de promulgarse”, ha apuntado Acuña, que ha añadido que “nos alegramos de que aunque llegue con retraso por fin el Estado y el señor Sanz se hayan dado cuenta de que esas depuradoras son un compromiso legal que todavía no han cumplido y que tienen que ejecutar porque es un derecho de los ciudadanos”.
Además, el delegado de Medio Ambiente ha vuelto a señalar que la correcta depuración de las aguas residuales urbanas es una responsabilidad compartida. Según Acuña, “no hay que olvidar que el servicio de saneamiento y depuración es una competencia municipal y la Administración General del Estado y la Junta de Andalucía actúan en auxilio de las entidades locales contribuyendo a la ejecución de las infraestructuras necesarias”. “Somos muy conscientes de las dificultades de los ayuntamientos a la hora de abordar estas infraestructuras, de ahí que sea una prioridad de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio auxiliarlos para que puedan depurar sus aguas”.
El delegado ha dejado claro que la Junta de Andalucía estará vigilante para que haya un cumplimiento del Gobierno central y se ejecuten estas obras que por ahora son solo un compromiso. Frente a eso, “el Gobierno andaluz pone sobre la mesa realidades”, ha dicho. Así, la Junta ha entregado hace unos meses la depuradora de Bornos, está terminando la de Tarifa, ejecutando las obras de Villamartín y Arcos, y está redactando el proyecto de Puerto Real y el estudio de alternativas de la de Conil. “Es curioso que el señor Sanz hable de inactividad de la Junta con todo este trabajo ya en marcha”, añade Acuña antes de afirmar que “el balance es muy claro y no admite comparación”.
