Los trabajadores de Navantia se han llevado otro susto la semana pasada tras el asesinato de un periodista árabe en el consulado de Arabia Saudí en Estambul (Turquía) y la llama de la alemana Angela Merkel a dejar de vender armas al Reino de Desierto.
El peligro se conjuró después de que PSOE y Partido Popular evitaran en la Comisión de Defensa del Congreso que prosperara la moción de Podemos para seguir los pasos de Alemania, pero ello no significa que todo esté cerrado porque el problema de las corbetas es coyuntural y los problemas de Navantia son estructurales, sostenidos y no enmendados.
Lo tiene muy claro el sindicato Comisiones Obreras (CCOO), mayoritario en la empresa, al hacer un balance de la situación a la que se ha llegado y poner sus esperanzas en un Plan Estratégico que, no obstante, precisa de los pilares en los que se asienta la empresa actualmente en tanto no se construyen otros más sólidos y diversos.
“Desde Comisiones Obreras denunciamos públicamente la vulneración de los derechos humanos que se está produciendo por parte del régimen saudí, tanto en la guerra del Yemen, como el asesinato del periodista Jamal Khashoggi”, dice el sindicato.
Pero también defiende que el sector naval para la defensa es estratégico en cualquier país, “por eso no nos resignamos a que Navantia desaparezca y tener que depender de terceros, ni a que se restringa su perímetro a la defensa nacional, lo que llevaría a la imposibilidad de mantener los actuales niveles de empleo”.
Por eso CCOO defiende una industria dual civil y de defensa española, líder en el mercado mundial, como garantía de empleo y de futuro para las comarcas en las que genera riqueza.
La reflexión del sindicato al hilo del último conflicto con el hasta ahora mayor contrato de la empresa, las corbetas para Arabia Saudí, lleva una sólida argumentación detrás.
La industria de fabricación naval pública en España ha venido atravesando, durante las últimas décadas, intensos procesos de reestructuración, recuerda CCOO.
Fruto de estos procesos y de los condicionantes que acarrearon, se configuró una empresa tras la fusión de Astilleros Españoles y Bazán, “radicalmente escorada hacia la construcción naval de defensa, con limitaciones importantes para desarrollar proyectos de construcción civil”.
Las restricciones impuestas por la Comisión Europea en forma de imposibilidad de ayudas públicas a este sector, provocaron una total dependencia de la empresa Navantia de la industria militar, que sólo en los últimos años, a partir del levantamiento del veto europeo, ha permitido abrir espacios en el ámbito civil y construir ferrys, petroleros, jackets, subestaciones, etc.
Hay que esperar
Lo ideal sería tener abiertas las puertas a otros sectores y un grado de competencia similar al que se tiene en la construcción naval y optar a grandes contratos por todo el mundo. Pero para llegar a eso han pasado muchos años. A raíz de los cambios operados en la dirección de la empresa y la disposición de SEPI para abordar un plan integral en Navantia, “hemos ido avanzando en la configuración de un espacio de entendimiento para poder abordar con garantías un plan estratégico para Navantia, que necesariamente debería servir para asentar el futuro a medio y largo plazo”.
Este plan estratégico -dice CCOO- debe sostenerse ineludiblemente en una política comercial (carga de trabajo y diversificación de actividades), actualización y mejora de la estructura organizativa (digitalización, sistema organizativo), inversiones en I+D+i y modernización de las instalaciones (astillero 4.0 y garantía de eficiencia en todos los centros) y un marco de relaciones estables (convenio colectivo, rejuvenecimiento de plantillas, formación y cualificación).
Todo ello soportado con un plan financiero que garantizaría el desarrollo de dichos pilares, y visibilizara un proyecto a medio y largo plazo, dotando a todos y cada uno de los astilleros, de los instrumentos necesarios para abordar la ineludible transformación del modelo empresarial de Navantia en su conjunto.
También y muy importante, la necesidad de regular la subcontratación, dotándolo de la capacidad suficiente para, no solo poder hacer frente a estos retos, sino dotándole de mecanismos para dignificar sus condiciones económicas y laborales y regular la actividad que desarrollan miles de trabajadores en la industria auxiliar que depende de Navantia.
“Pero la contratación en el sector naval no se hace de un día para otro. Poder optar a contratos lleva años y, lo que hoy tenemos, no se puede reemplazar de la noche a la mañana. Se necesita tiempo y voluntad política”.
Mientras, no queda más alternativa que cumplir los contratos vigentes y agilizar los comprometidos tanto de clientes extranjeros, (incluidas las corbetas) como de nuestras fuerzas armadas (Fragatas F-110, S-80, 8am, TLET, Buques Auxiliares, etc), además de reforzar de manera inmediata carga de trabajo específica para el astillero de Puerto Real.
Las lanzas se pueden volver cañas
El gran problema al que se van a enfrentar los trabajadores de los astilleros de la Bahía de Cádiz, después de haber estado en jaque dos veces con el contrato de las corbetas, es precisamente a lo que ya se barrunta en las líneas maestras del Plan Estratégico que no son muy favorables a los astilleros gaditanos.
Es verdad que son líneas que se pueden cambiar, pero los representantes sindicales, para empezar, ya están dispuestos no sólo a discutirlas en la mesa de negociación sino en la calle una vez reconocidas las cifras publicadas este domingo por Diario de Cádiz. Y quizá ahí y tal vez ahora se llene de razón de parlamentaria de Podemos, Teresa Rodríguez, cuando afirmaba que los trabajares de astilleros se lo han tenido que ganar todo en las barricadas.
Lo que hay ahora mismo negro sobre blanco es una distribución de los medios materiales que beneficia a partes igual a Ferrol y Cartagena, donde se construyen las F-100 y los submarinos S80 en detrimento de la Bahía de Cádiz.
En cifras, el Plan Estratégico destina 4.000 millones de euros para cada uno de los dos primeros y sólo 200 millones de euros para los astilleros de la Bahía.
Eso supone de facto una implicación en la mano de obra que en el caso de Cádiz queda en casi 800 trabajadores, la mitad que en Ferrol. Las jubilaciones de personal y el parón en la contratación son las armas de la empresa; el impacto económico y social en la Bahía será la consecuencia. Si no se evita.
