La Fiscalía ha pedido 16 años de prisión para una pareja acusada de "lucrarse con la prostitución ajena" regentando una casa alquilada en Armilla donde se prestaban servicios sexuales en situación de "semiesclavitud", habiendo un tercer acusado para el que el solicita cuatro años y nueve meses de prisión por supuesto delito contra la salud pública.
Según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, la gerencia de la casa era ejercida supuestamente por los dos principales acusados, ocupándose ella, de 35 años y nacionalidad ecuatoriana, "fundamentalmente de la recepción de los clientes, cobro de las cantidades, manejo de los ingresos", y "vigilancia del cumplimiento de las condiciones de trabajo".
Su pareja, un hombre de 37 años y nacionalidad dominicana, se dedicaba principalmente a trasladar a las prostitutas en coche cuando tenían que realizar un servicio exterior, "vigilarlas", así como "mantener el orden en la casa" y "trasladar el dinero proveniente de la prostitución y del tráfico de drogas a otro lugar cuando su cantidad era elevada".
Las mujeres que ejercían la prostitución "estaban obligadas a ofrecer cocaína a sus clientes, quienes alrededor del 80 por ciento la consumían", ha señalado el fiscal, que ha detallado que una de las chicas, testigo protegida en la causa, fue avisada en su país de origen de parte de la acusada por "una oferta de trabajo como camarera en un restaurante de Granada".
A principios de 2018, una vez en el piso, y en situación irregular en España, "la acusada le dijo que su verdadero cometido iba a ser el de trabajar como prostituta y que debía pagar la deuda que había contraído con ella por el viaje que, inopinadamente, subió de 720 euros por el pasaje de avión a 3.700 y, días después, a 4.700".
"Las condiciones del ejercicio de la prostitución eran de semiesclavitud" teniendo que "dormir en la casa, estar disponible las 24 horas del día" toda la semana. También habría sido "obligada a fotografiarse en ropa interior y actitud provocativa para colgar su foto" en una web, ha detallado el fiscal.
Otra testigo protegida comenzó a ejercer la prostitución en esta casa a mediados de noviembre de 2017. También fue obligada a fotografiarse en ropa interior para anunciar el club en Internet, y a trabajar "sin derecho a ningún día libre".
La acusada retenía el 60 por ciento de lo cobrado por sus servicios sexuales, siendo también "obligada a ofrecer cocaína a los clientes".
Los tres acusados por supuestos delitos contra la salud pública, trata de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución coactiva, e inmigración ilegal, todos en situación regular en España, están privados de libertad por estos hechos desde el 20 de febrero de 2018.
A los dos principales acusados, además de la pena de prisión, la Fiscalía les pide pago de 5.820 euros de multa, mientras que al tercer acusado, que habría provisto de cocaína a los anteriores para su venta, 3.500 euros de sanción. El fiscal interesa el cumplimiento de las penas "sin posibilidad de sustitución por expulsión".
Está previsto que los hechos sean enjuiciados los próximos días 19 y 20 de noviembre en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada.
