Un total de 42 ayuntamientos de Granada disponen de planes de emergencias municipales que dan cobertura al 74,7 por ciento de la población de esta provincia y la mayoría corresponden a municipios de más de 10.000 habitantes. La protección y seguridad del resto está garantizada a través del Plan Territorial de Emergencias de la comunidad autónoma.
Once municipios acaban de sumar sus planes de emergencias, según se ha puesto de manifiesto en la reunión que ha celebrado la delegada del Gobierno andaluz en Granada, Sandra García, con estos ayuntamientos para entregarles el certificado de homologación de la Comisión de Protección Civil de Andalucía.
Los planes municipales son aprobados en primer lugar por las corporaciones locales y homologados, posteriormente, por la Comisión de Protección Civil de Andalucía. Para su elaboración, la Junta pone a disposición de los municipios los recursos técnicos y de personal de Emergencias Andalucía (Protección Civil, Grupo de Emergencias de Andalucía -GREA- y 112), que asesoran a los técnicos municipales en su diseño.
La aprobación de estos planes se ha visto impulsada tras la entrada en vigor de la Ley de Autonomía Local, que ha facilitado el diseño de estos programas que organizan la prevención y la intervención de los diferentes cuerpos de seguridad y emergencias en caso de siniestro.
En estos documentos se establece cómo actuar de forma coordinada con las administraciones y se siguen los criterios establecidos previamente en el Plan Territorial andaluz, que es donde se fijan las directrices que han de seguir los planes municipales.
La Junta pretende potenciar la colaboración con los ayuntamientos con menos de 10.000 habitantes para avanzar en el objetivo de que todos los municipios dispongan de plan de emergencia, así como reforzar el trabajo conjunto en este campo con las corporaciones provinciales.
La Consejería de Justicia e Interior facilita información técnica y apoyo para que los ayuntamientos que ya disponen de un plan puedan complementarlos con procedimientos más específicos, dirigidos a determinados riesgos como inundaciones, contaminación del litoral, transporte de mercancías peligrosas o accidentes industriales.
Con estas actuaciones, la Consejería de Justicia e Interior pretende reforzar el objetivo de facilitar a la ciudadanía una respuesta rápida y coordinada que proporcione la mayor cobertura posible ante cualquier situación de riesgo.
