El Juzgado de Instrucción número 9 de Granada ha iniciado la toma de declaraciones para aclarar el destino dado a ayudas de la Junta de Andalucía previstas para los consorcios de empleo en el periodo comprendido entre 2009 y 2012, habiendo declarado ya la exdelegada de Empleo de la Junta en Granada Marina Martín.
Aunque fue inicialmente citada para este lunes, Marina Martín declaró el 15 de marzo por un problema de agenda de su abogado y sigue estando investigada en este caso sin que se hayan tomado medidas cautelares contra ella, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.
El juez que investiga el asunto ha dividido en varias piezas la investigación citando para los próximos días a los responsables de los consorcios de empleo sobre los que se siguen las diligencias.
Así, está previsto que el 27 de marzo se tome declaración a quienes han tenido responsabilidades en los consorcios de La Zubia; Padul, el 29 del mismo mes; y Atarfe (el día 30), según han precisado las mismas fuentes.
El magistrado acordó que se amplíe el periodo de esta investigación --que inicialmente se centró entre 2010 y 2012-- para que se practiquen las diligencias que ha solicitado desde 2009. Todo ello, de cara a esclarecer si las ayudas entregadas a varias Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt) de la provincia fueron destinadas a su finalidad, a raíz de una denuncia formulada en 2015 por la Fiscalía.
El juez dirigió sus primeras diligencias al consorcio de La Zubia y pidió a la Guardia Civil que identifique y cite ante el Juzgado para el próximo 27 de marzo, a partir de las 10,00 horas, a los dos vocales designados por las organizaciones sindicales, a los dos vocales designados por las organizaciones empresariales y al director y secretario de esta unidad territorial de empleo.
En un auto anterior, el juez pidió que se le librara oficio al SAE para que le remitiera la documentación relativa a los expedientes de las ayudas/subvenciones que fuesen solicitadas y concedidas al consorcio de La Zubia.
También solicitó la copia de los libros de actas del consejo rector de la Utedlt de La Zubia, así como contratos laborales de los agentes locales de promoción y empleo (Alpes) y directores del consorcio y todos aquellos particulares relativos a la comisión liquidadora de este consorcio, que desapareció en 2012.
