La Audiencia de Granada ha aplazado hasta septiembre del próximo año el juicio previsto para hoy contra cinco acusados de estafar a más de 200 personas con la compraventa de oro, para los que la Fiscalía solicita hasta ocho años de prisión.
La Sala Segunda de la Audiencia ha aplazado el juicio por la falta de acuerdo entre las partes, a pesar de que plantearon un acercamiento en su señalamiento inicial el pasado 27 de junio, hecho por el que los testigos y peritos no habían sido citados hoy.
La Fiscalía solicitó en su escrito de acusación hasta ocho años de cárcel para cinco presuntos responsables de una estafa en la compraventa de oro que afectó a 203 personas que entregaron cantidades que oscilaron entre los 700 y los 50.000 euros con el objetivo de recibir altos intereses económicos.
El Ministerio Público pide ocho años de cárcel para César M.C. y Víctor F.P. como administradores de dos firmas dedicadas a la compraventa de oro por un delito continuado de estafa y otro de falsedad de documento oficial, y el pago de una multa de 66.000 euros.
Los otros tres imputados, trabajadores de las empresas, se enfrentan a la petición de seis años de prisión por un delito de estafa continuada y multas de 36.000 euros.
Según el escrito de la Fiscalía, los dos principales acusados aparentaron la legalidad de sus dos empresas, que registraron en Granada en el 2006 con el objeto social de la intermediación financiera, tras lo que abrieron una oficina con la que captar clientes.
Entre enero del 2006 y diciembre del 2007, los imputados firmaron contratos privados de intermediación financiera en los que los clientes entregaban capital para adquirir oro y metales preciosos en el mercado de Londres para su posterior alquiler o venta a entidades que necesitan acreditar su solvencia o avalar operaciones.
Los acusados garantizaban a sus clientes que recibirían una rentabilidad máxima del 75 % del capital invertido, unas cantidades que no llegaron a cobrar ya que ni se compró oro ni se dedicó el dinero de los clientes a ninguna inversión financiera.
Para lograr la confianza de los inversores, los imputados devolvieron el dinero más los intereses a los primeros afectados creando así una estafa de estructura piramidal.
Los dos principales acusados simularon una investigación del Banco de España para retrasar las reclamaciones de sus clientes, para lo que firmaron una resolución del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales.
Más de una docena de abogados representan en la causa a los 203 perjudicados en una trama con la que los imputados lograron unos beneficios superiores a los 1,5 millones de euros.
