La crisis económica originada por la pandemia
no ha durado un par de días, como vaticinaba la ministra Nadia Calviño, en la primera quincena de marzo pasado. “Las estimaciones apuntan a un impacto (del coronavirus) poco significativo y transitorio”, aseguró justo antes de que se declarara el estado de alarma. El 1 de mayo, en Bruselas, reconoció la realidad. Desde entonces,
las consecuencias son devastadoras y Cádiz se ha situado en el grupo de provincias que han sufrido especialmente el mazazo, con un
descenso del PIB del 12,4% en 2020.
Las previsiones no son buenas. El sector de la automoción, el más fiable termómetro de la realidad económica, cerró este diciembre
un año negro, con una caída de ventas del 30%. El presidente de la Asociación de Concesionarios de Automóviles de la Provincia de Cádiz (Acoauto), Ricardo Alfonso Álvarez, admitió en enero, en estas páginas, que será muy difícil mejorar los datos del último ejercicio, pese a que eran muy malos, y asumió que solo igualarlos requerirá mucho esfuerzo. Por el momento, en los dos primeros meses,
ha anotado una rebaja de las matriculaciones del 50%, y el sector, que ha perdido ya 400 puestos de trabajo de 4.000, teme que las repercusiones del desplome sigan pasando factura.
“La situación de la provincia es extrema”, advierte Lola Rodríguez, secretaria general CCOO en Cádiz. La tercera ola ha elevado a 189.247 la cifra de desempleados,
la más alta desde marzo de 2015, pero el número de parados es superior a los 200.000, al sumar los 16.969 asalariados acogidos a expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE), y los 6.700 trabajadores por cuenta propia en cese de actividad. Rodríguez subraya, por otro lado, que
la Seguridad Social ha perdido 13.000 cotizantes y que
el 60,7% de los inscritos en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) tampoco disponen de prestaciones.
“Hay que reaccionar o no levantaremos cabeza en un montón de años”, advierte, por su parte, Antonio Pavón, responsable de UGT, sindicato que retomará con CCOO las movilizaciones mañana para reclamar al Gobierno y la Junta un
plan específico de empleo, que “pongan pie en pared” ante el cierre de empresas vinculadas al sector industrial, la reactivación del diálogo social y la
derogación de la reforma laboral para evitar despidos una vez que finalice la moratoria que impide ajustar plantillas tras los ERTE.
El decano del Colegio de Economistas de Cádiz, Javier Cabeza de Vaca González, plantea
otras fórmulas para evitar la pérdida de tejido productivo. “Empresas solventes pueden estar atravesando problemas de liquidez, es muy importante
facilitar su financiación; los préstamos ICO han sido un buen instrumento”, reflexiona. “Por otra parte, empresas vinculadas a sectores sensibles que llevan soportando pérdidas en sus cuentas de resultados desde el inicio de la crisis sanitaria necesitan
ayudas directas”, plantea. En cualquiera de las dos opciones,
las medidas “deben ser claras, ágiles y accesibles y sin trabajas burocráticas para su concesión”, añade.
Finalmente, ante el previsible incremento de los concursos de acreedores, apunta que “deberían de aprobarse normas y
dotar de recursos materiales y humanos a los juzgados de lo mercantil para que estos sean el instrumento para salvar empresas viables que atraviesan por problemas transitorios de financiación”.
Es muy importante, añade, frenar la pérdida de sociedades porque
el cierre de empresas “puede derivar en un problema estructural que dificulte la recuperación”. En este sentido, Cádiz ha sufrido especialmente la pandemia. “La atomización del tejido productivo, la falta de capitalización, de incorporación de tecnología a sus procesos y de adecuada diversificación de ofertas ha agravado el impacto de la crisis”, explica. A ello hay que sumar el freno al comercio, el turismo o la hostelería, actividades de mucho peso en la provincia. La llegada de fondos europeos es una esperanza para una recuperación que, en cualquier caso,
no comenzará hasta 2023.
