El Parlamento de Venezuela destaca la "compleja" crisis sanitaria

El Parlamento de Venezuela, dominado por la oposición, debatió este miércoles sobre la crisis sanitaria que asegura hay en el país y designó a una junta administradora para controlar la industria petrolera de la nación, así como la empresa estatal Pdvsa y su filial en Estados Unidos, Citgo.

Sin aprobar un acuerdo, pero destacando que la situación sanitaria en el país es "compleja", el Legislativo insistió en la necesidad de que entre la ayuda humanitaria que proviene de Estados Unidos, Colombia y otros países y que se encuentra bloqueada en la frontera por decisión del Gobierno de Nicolás Maduro.

En el debate, que como de costumbre no contó con la participación de los diputados del oficialismo por la sentencia de "desacato" emitida por el Supremo contra el Parlamento, la diputada opositora Nora Bracho denunció la contaminación y escasez de agua que hay en el país y que, dijo, ha ocasionado enfermedades.

El legislador por el estado Anzoátegui (este), Marco Aurelio Quiñones, indicó que en su región hay bacterias que se encuentran en las tuberías que están ocasionando infecciones intestinales.

Estas bacterias han afectado a cerca a 4.300 personas en cuatro municipios del estado, según dijo a Efe el gobernador de Anzoátegui, el opositor Antonio Barreto Sira, que además indicó que ya están siendo atendidas.

Con todo, el Parlamento remarcó que el agua de consumo no está siendo potabilizada y por ello insistió en demandar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) que permita la entrada de la ayuda humanitaria.

Asimismo, la red "Voluntarios por Venezuela" continuó llamando, a través de Twitter, a los venezolanos a sumarse a esta iniciativa que tiene como fin aglomerar a la mayor cantidad de ciudadanos para buscar las donaciones en caso de que la FANB no permita su ingreso pautado para el 23 de febrero.

El jefe del Parlamento, Juan Guaidó, quien se proclamó presidente interino del país en enero, anunció también que una representación "nacional" del sector transporte colaborará para trasladar hasta las fronteras a los voluntarios que quieran ayudar a ingresar las donaciones.

Hasta el momento, se han anunciado tres puntos de acopio para la ayuda; uno en la ciudad colombiana de Cúcuta, otro en el estado brasilero de Roraima -ambos fronterizos con Venezuela- y un tercero en Curaçao.

Precisamente sobre el tema de las medicinas, el Gobierno venezolano se pronunció hoy al informar sobre la llegada de 933 toneladas de medicamentos y materiales médicos procedentes de sus aliados China y Cuba, de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de "algunas compras directas".

La crisis de salud ha sido uno de los principales focos del Parlamento, y aunque asegura trabajar a diario para mejorar la situación, hoy puso su atención en la industria petrolera para, dijo, "proteger" los activos de las empresas de crudo venezolanas.

Así, el Legislativo designó una junta administradora para controlar a Pdvsa y a Citgo.

Con esta medida, Simón Antúnez, Gustavo J. Velásquez, David Smolansky, Carlos José Balza y Ricardo Alfredo Prada integran la junta directiva de Pdvsa, una empresa golpeada por una crisis de productividad e investigaciones por corrupción.

En tanto que la especialista Luisa Palacios liderará la directiva de PDV Holding Inc., compañía que ejerce como propietaria de Citgo.

Édgar Rincón, Oswaldo Núñez, Fernando Vera, Elio Tortolera y Andrés Padilla acompañarán a Palacios.

Citgo está considerada como la séptima refinería en Estados Unidos, con capacidad para procesar 750.000 barriles por día de los crudos pesados y extrapesados que produce Pdvsa.

Se estima que controla el 4 % del mercado estadounidense.

El Parlamento también designó a Palacios y Rincón al frente de Citgo Holding Inc., así como a Ángel Olmeta, Oswaldo Núñez, Javier Troconis y Rick Esser.

Estas acciones forman parte de la ofensiva opositora para debilitar a Maduro y forzarlo a abandonar el poder, que ejerce desde 2013 y que, considera el antichavismo, "usurpa" desde enero pasado, cuando juró un nuevo mandato de seis años que no reconoce buena parte de la comunidad internacional.

El líder chavista se impuso con holgura en los comicios de mayo del año pasado, a los que no se presentó el grueso de la oposición por considerarlos fraudulentos y estar inhabilitados sus principales partidos y dirigentes.

Por ello, los opositores señalan que el nuevo período de Maduro es ilegítimo y que las competencias del Ejecutivo recaen en el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, quien dijo ante miles de simpatizantes el 23 de enero pasado que las asumía.