El Partido Popular podría llevar las supuestas escuchas ilegales a algunos de sus altos cargos a la Unión Europea, así como la actitud del Gobierno de “eliminarle”, pero el PSOE se mantiene en su posición: pide a los populares que presenten las pruebas, y si no, instan a María Dolores De Cospedal a dimitir.

El cruce de acusaciones entre los dos partidos continúa, y si el pasado jueves la número dos de los populares denunciaba que dirigentes de su formación tienen los teléfonos “pinchados”, unos días después ha orientado su crítica hacia el PSOE, al que acusa de haberse mostrado durante las últimas fechas “muy aficionado a levantar falsos testimonios sobre las personas”.

De Cospedal se refiere al presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y al máximo responsable del partido en Canarias, José Manuel Soria, pues ambos han sido objeto, a su juicio, de “insultos” por sus implicaciones en unos casos –el Gürtel en la Comunidad Valenciana y el Salmón en Canarias– que al final la Justicia decidió archivar.

Ambos, según señala De Cospedal, han sufrido “dramas familiares y personales” mientras han durado los procesos judiciales, y como los dos han terminado en el sobreseimiento, afirmó que “alguien debería plantearse quién restituye la vida familiar y personal” de Camps y de Soria.

La Ejecutiva Federal del PSOE respondió recordando que han pasado ya dos días desde que De Cospedal formulara las denuncias de escuchas ilegales sin que haya fundamentado sus palabras con pruebas, de modo que si sigue así, tendrá que dimitir.

Para “tapar la corrupción”

El responsable de Libertades Públicas del PSOE, Álvaro Cuesta, censuró al PP por haber lanzado una ofensiva contra el Estado de Derecho y “tapar la corrupción” que afecta a muchos de sus cargos.

Desde el PSPV también prosiguen los reproches al PP por las declaraciones de sus dirigentes, y así, el portavoz socialista en Les Corts, Ángel Luna, insistió en que es “inaceptable” que los populares procuren tapar con las denuncias de escuchas ilegales, “una huida hacia adelante”, dijo, los “problemas de escándalos” que hay en su seno.

A su juicio, es “simplemente una maniobra política que carece de toda lógica”.

Y sobre la implicación de Camps en el caso Gürtel, Luna ha afirmado que a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana haya decidido el archivo de la causa contra el presidente, a éste “le queda un largo recorrido” en el proceso judicial.

Sin embargo, el PP sigue adelante en su denuncia. El responsable de Comunicación, Esteban González Pons, adelantó que su formación se plantea recurrir al Parlamento Europeo para denunciar las supuestas escuchas ilegales a dirigentes, todo ello como una demostración de la actitud del Gobierno para “eliminar” políticamente al principal partido de la oposición.

Según explicó, “hay ya gente” de los Ministerios de Interior y de Justicia “contando cosas” a integrantes del PP, a la vez que han empezado a proporcionar a estos mismos integrantes “muchas claves” sobre cómo se han gestado algunas operaciones “contra el Partido Popular”.

En términos parecidos se expresó la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, Ana Botella, quien no duda de que tales escuchas se hayan producido, de tal modo que si no tienen autorización judicial, “evidentemente hay que denunciarlo”.