La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, denunció ayer escuchas telefónicas ilegales a dirigentes nacionales de su partido, a lo que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, le respondió retándola a acudir a los tribunales.

En una entrevista con Efe, De Cospedal dijo que a su formación le consta que se están produciendo esas escuchas a personas que “no tienen nada que ver con los sumarios” sobre corrupción y a destacados dirigentes nacionales, cuyo teléfono ha sido “pinchado”.

De Cospedal se reafirmó en las declaraciones que hizo en unvídeo de su propio partido, cuando pidió al Gobierno que persiguiera a ETA antes que al PP, y lamentó además que España viva ahora “un Estado policial” como hace muchos años, desde antes de la Constitución, no se vivía.

Un “Estado policial” que, a su juicio, lleva al Gobierno a “utilizar a las instituciones, a la Fiscalía General, a la policía judicial, a los servicios de Interior y al Centro Nacional de Inteligencia”.

“Perseguir a la oposición”, como, según ella, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero hace ahora, resulta “propio de un sistema antidemocrático”.

Poco después de producirse estas declaraciones, desde Asunción (Paraguay) la vicepresidenta primera instó a Cospedal a acudir a los tribunales si cree que se está cometiendo algún delito o a retractarse, porque está “despreciando” el trabajo de policías, jueces y fiscales.

“Vivimos en un Estado de derecho que hemos construido entre todos con mucho esfuerzo para que ahora, por intereses particulares, venga (el PP) a lanzar sombras de sospechas sobre el funcionamiento de nuestro Estado de derecho”, afirmó De la Vega.

A su juicio, la “escalada verbal” de los dirigentes del principal partido de la oposición en los últimos días evidencia su “nerviosismo”, por lo que les instó a tranquilizarse y a actuar con responsabilidad.

También el PSOE se apresuró a responder a Cospedal y, por boca de su secretaria de Política Internacional, Elena Valenciano, retó a la número dos de los populares a que denuncie en los tribunales esas supuestas escuchas o que se marche “a su casa por calumniar” a la policía, a los jueces y fiscales, al Gobierno y a los socialistas.

El PP ya pidió, en la denuncia que presentó por las supuestas filtraciones del caso Gürtel, que se investigaran las escuchas telefónicas y las resoluciones judiciales en las que se sustentaban, ante la posibilidad de que se hubieran realizado pinchazos ilegales.

Lo hizo el pasado 24 de julio en una denuncia presentada ante un juzgado de instrucción de Madrid, en la que el PP solicitó también que se tomara declaración al secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, y al comisario jefe de la Policía Judicial, José Antonio González, por un presunto delito continuado de revelación de secretos.

Al margen de la polémica suscitada por las declaraciones de De Cospedal, el PP volvió a denunciar la “terrible injerencia” de De la Vega al anunciar que la Fiscalía iba a recurrir el archivo de la rama valenciana del caso Gürtel.

El grupo popular en las Cortes autonómicas ha anunciado que estudia pedir que el Parlamento valenciano promueva la dimisión de la vicepresidenta.

Ésta no ha querido responder todavía y se ha limitado a señalar que ha sido y seguirá siendo “extraordinariamente respetuosa” con los asuntos que están en los tribunales y que afectan al presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps.