Más control de sus actividades y menos facilidades para instalarse en el país. Esas son algunas de las claves de la nueva ley que el Gobierno de China planea aprobar para regular el trabajo de las organizaciones no gubernamentales (ONG) extranjeras y que, según las afectadas, podría acallar su voz.
Lleva años gestándose, pero el Gobierno chino parece haberle dado ahora el impulso definitivo. El Gobierno ha presentado ante la Asamblea Nacional Popular, el órgano legislativo, un borrador de la nueva ley para regular las ONG foráneas en el país -unas 6.000, según datos oficiales-, lo que activa el proceso para su votación.
Durante este plenario anual, que se clausuró hoy, los legisladores han estado debatiendo este borrador de ley, al que ha tenido acceso EFE, y podrá recibir el visto bueno en cualquier momento después de haber sido sometido a las opiniones del público.
"Es muy preocupante. Según el documento, las ONG tendrán ahora que registrarse a través de la Oficina de Seguridad Pública -la Policía- y sus oficinas de nivel provincial. Estos organismos podrán utilizar su poder para bloquear o echar a organizaciones que trabajen en temas sensibles", comentó a Efe un representante de una organización que prefirió guardar el anonimato.
Las ONG esperan desde hace años una regulación en China que se adapte a lo que son y lo que hacen, y por la que puedan superar obstáculos como el poder contratar extranjeros, según explica a Efe Sze Pang Cheung, encargado de relaciones políticas de la organización ecologista Greenpeace, que está registrada como "una entidad de negocios".
Aunque estas ONG coinciden en que es necesaria una regulación adaptada a su estatus, el borrador no sólo queda lejos de lo que consideran "ideal", sino que alertan de que puede ser el fin para muchas de ellas.
"El borrador introduciría un sistema que incapacitaría a las ONG que reciben fondos del exterior: limitaría considerablemente las actividades que pueden realizar, con una prohibición total de actividades políticas y religiosas", explica Nicholas Bequelin, investigador sénior de Human Rights Watch en Asia, que no cuenta con sede en China continental al trabajar sobre temas censurados.
Bequelin hace mención a una de las medidas más extremas que incluye el borrador, y por la que todas las actividades llevadas a cabo por las ONG foráneas deberán contar con el visto bueno del Gobierno antes de ver la luz.
Ello supondría un "gran lastre" para estas organizaciones, que ahora informan regularmente de sus actividades al Gobierno, pero no necesitan su aprobación para llevarlas a cabo, dice el representante de Greenpeace, y apunta que hay sectores del Ejecutivo que también se oponen a esta norma.
"Algunos no quieren cargar con esta responsabilidad. Imagina que eres ministro de Medio Ambiente, que tienes una veintena de organizaciones con miles de actividades en conjunto que tienes que aprobar. Si algo sale mal, es tu responsabilidad", ejemplifica Sze Pang Cheung.
En esa línea, la nueva ley que se debate también estipula que "las ONG no pueden organizar actividades que violen las costumbres morales chinas", lo que da margen a las autoridades para reprimir cualquier evento que perjudique al régimen.
"De ser así, muchos grupos acabarán cerrando en lugar de presentar a revisión todas sus actividades, lo que será una gran pérdida para el país", augura a Efe una representante de una organización de defensa de los derechos humanos.
De ahí que organizaciones, sobre todo las activas en el campo de los derechos humanos, aquellas que solo pueden tener oficinas en la región autónoma de Hong Kong, denuncien que la ley forma parte de los esfuerzos del presidente Xi Jinping para "suprimir a la sociedad civil".
"Desde que (Xi) asumió el poder en 2013, la Policía ha detenido a cientos de activistas, abogados, intelectuales y trabajadores de ONG", apunta a Efe Frances Eve, de Chinese Human Rights Defenders.
Eve recuerda el reciente arresto de las cinco activistas feministas de cara al Día Internacional de la Mujer, un ejemplo de "la intolerancia del Gobierno hacia ciudadanos comunes que trabajan en asuntos no sensibles como los derechos de las mujeres o la lucha contra la contaminación, a los que el Gobierno también se opone".
Otros sectores, no obstante, se muestran más optimistas desde dentro y aseguran que "hay signos contradictorios". "Por un lado, el borrador, y, por otro, el documental sobre la contaminación que las autoridades permitieron que circulara libre por internet durante 5 días (antes de censurarlo)", destaca el responsable de Greenpeace.
"¿Por qué iban a permitirlo si quieren silenciar todas las voces?", se pregunta, y pone sus esperanzas en la sociedad china, que cada vez "es más abierta, está más concienciada y más dispuesta a levantarse".
