Hace trece años, un día como hoy, se abrieron las puertas de uno de los principales símbolos de la "Guerra contra el Terror" librada por Estados Unidos, el penal de Guantánamo, unas puertas cuyo cierre definitivo tan prometido por Barack Obama está aún lejos de consumarse.
Exactamente a 127 presos.
Mientras al presidente estadounidense se le agota el tiempo para cumplir con su ferviente promesa de clausurar las instalaciones a falta de apenas dos años para concluir su estancia en la Casa Blanca, lo cierto es que la transferencia de los prisioneros en los últimos meses se ha acelerado, pero no lo suficiente.
Tres yemeníes y dos tunecinos, capturados en Pakistán como supuestos miembros de Al Qaeda y presos desde hace más de una década sin cargos, han sido el pasado 31 de diciembre los últimos reos en ser transferidos a otro país, concretamente a Kazajistán, una nación que hasta ahora no había acogido a ninguno de ellos.
Y es que una de las muchas complicaciones que suscita echar el cierre al penal es a dónde enviar a aquellos presos cuyos países se encuentran en una situación muy inestable para recibirlos y donde incluso podrían acabar en las filas de grupos radicales.
El caso de los yemeníes es especialmente peliagudo ya que es la nacionalidad que más número de reos concentra en la cárcel (81) y a su vez, Yemen, uno de los destinos menos recomendables tras comprobarse que otros prisioneros previamente enviados allí terminaron por unirse a organizaciones terroristas.
Tanto es así, que desde 2010 ningún ciudadano yemení había sido transferido y el propio Obama había prohibido que su país fuera un posible destino.
En su búsqueda de aliados en la tarea, Estados Unidos ha logrado que naciones como Georgia, Eslovaquia o Uruguay hayan accedido a recibir a algunos de los prisioneros, que ya lejos de salir del penal por goteo, abandonan las instalaciones de la prisión en grupos de una media docena.
El centro, abierto por la Administración de George W. Bush tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, llegó a albergar a cerca de 800 prisioneros, la mayoría de ellos sin cargos en su contra.
Con motivo del décimo tercer aniversario de su apertura, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) recuerda que de los 127 hombres que siguen "arbitrariamente detenidos", 59 de ellos fueron declarados libres de cargos por agencias de inteligencia y de seguridad estadounidenses, pero continúan a la espera de su liberación.
Los 68 restantes están clasificados como "detenidos indefinidos", una categoría utilizada para aquellos individuos que las instancias estatales consideran no elegibles para juicio ni traslado a terceros países y que pasarán por una evaluación caso a caso.
Solo diez personas de esos ocho centenares que acabaron entre rejas están siendo procesadas.
"Las recientes transferencias de 13 presos a Uruguay, Afganistán y Kazakstán son un paso adelante para lograr el cierre de Guantánamo", dijo Viviana Krsticevic, directora Ejecutiva de CEJIL.
"Sin embargo, las revelaciones realizadas por el informe del Senado de Estados Unidos sobre la utilización de la tortura por agentes de los servicios de inteligencia de ese país acentúa la urgencia con la que su gobierno tiene que actuar", agregó en relación a las investigaciones al respecto ordenadas por la Cámara Alta y publicadas el mes pasado.
Además, al tiempo que el segundero del reloj seguía sonando en contra de la Administración Obama mientras aprieta en su sprint, hace apenas unas semanas el enviado especial del Departamento de Estado para cerrar el penal, Cliff Sloan, abandonó su cargo para trabajar en el sector privado.
Pese a que él mismo y el Gobierno estadounidense han asegurado que simplemente había cumplido los 18 meses a los que se comprometió para su labor cuando fue nombrado, otras fuentes apuntan a que Sloan ha tirado la toalla ante el poco interés del Departamento de Defensa en cerrar la cárcel.
Obama tampoco encuentra en el Congreso, ahora de gran mayoría republicana, a un aliado fácil en esta empresa, y es que la mayoría de los conservadores se opone a clausurar la cárcel, entre otras cosas porque rechazan que los terroristas que están siendo procesados sean llevados a prisiones en territorio estadounidense.
Así, entre condenas e investigaciones de la comunidad internacional y de asociaciones de derechos humanos, el penal ha llegado hoy a cumplir trece años de existencia, que probablemente sigan sumando si el presidente no pisa aún más el acelerador y tumba todos los obstáculos.
