Sánchez de León hizo estas declaraciones en la rueda de prensa posterior el pleno del Consell valenciano, donde le preguntaron sobre las declaraciones de la alcaldesa electa de Alicante, Sonia Castedo, quien admitió haber recibido regalos del empresario Enrique Ortiz, imputado en el caso Brugal, y afirmó que era “lo normal” en 2008.
La consellera sostuvo que los regalos, más allá de que quien los reciba sea un cargo público, son un “uso social” en determinadas celebraciones como las Navidades y afirmó que el límite de los mismos “lo marca la ética y la moral de cada uno”, y los miembros del Consell tienen “muy claro dónde ésta ese límite”.
Sobre las conversaciones que aparecen en el sumario del caso Brugal entre Ortiz y varios cargos públicos, pidió que se respete el derecho a la presunción de inocencia y que las cosas “se vayan explicando” porque “cualquier” llamada de teléfono “descontextualizada y cortada a trozos” puede dar lugar a malas interpretaciones.
En todo caso, defendió que de ellas no puede deducirse que hubo tráfico de influencias en la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante, tal y como denuncia la oposición, que pide su paralización, y opina que éstas demuestran que “no hay delito”.
Abordada sobre si el PPCV se planteó la puesta en marcha de una investigación interna ante los hechos que plasman las conversaciones, la consellera afirmó que la “preocupación” de su partido es que no se hagan “acusaciones distorsionadas” y “falsas”.
Por otra parte, la portavoz del Consell se refirió a la decisión del Tribunal Superior de Justicia valenciano de rechazar los recursos presentados por el PSPV y la Fiscalía contra la decisión de no investigar a la cúpula de la trama Gürtel en la causa abierta contra el president, Francisco Camps, y otros altos cargos por haber recibido supuestamente regalos de la trama.
