La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza, y el presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, han reclamado a los grupos parlamentarios que el texto de la futura Ley de Víctimas del Terrorismo descarte cualquier diálogo o negociación con ETA.

Los representantes de una docena de asociaciones y colectivos de víctimas del terrorismo han comparecido ante la Comisión de Interior del Congreso para aportar sus recomendaciones y sugerencias sobre el texto de la ley integral de víctimas que se está tramitando en la Cámara Baja.

“Las fuerzas políticas deben comprometerse a que en el preámbulo de la ley se diga que nunca más existirá una resolución del Congreso que autorice a iniciar un proceso de negociación con ETA”, ha exigido Daniel Portero en referencia a la resolución de la Cámara Baja de mayo de 2005.

Una idea reiterada por Ángeles Pedraza que ha pedido que la exposición de motivos de la nueva norma deje perfectamente claro que “no se puede negociar con asesinos”, ni tampoco “pagar ningún precio político” por la paz.

“Está bien el dinero y las demás ayudas, pero lo más importante es la Justicia y la Dignidad de todas las víctimas”, ha subrayado.

A esta petición ha contestado ya el portavoz parlamentario socialista, José Antonio Alonso, que ha asegurado que estudiará la propuesta aunque ya ha dejado claro que la posibilidad de que se abra una negociación con ETA es “literalmente cero”.

Por su parte, el presidente de la Asociación Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Víctimas del Terrorismo, Francisco Zaragoza, ha considerado “humillante” y una “afrenta” que el texto pactado por los grupos parlamentarios no cite de forma expresa a los agentes asesinados en atentado terrorista.

Zaragoza ha lamentado también que algunos terroristas, detenidos precisamente por agentes de las Fuerzas de Seguridad, hayan sido puestos en libertad por falta de pruebas o mediante “argucias legales” o “amnistías encubiertas”.

En esta misma línea, la presidenta de la AVT, madre de una víctima del 11-M, ha reclamado al Estado un esfuerzo por esclarecer todos los atentados.

Pedraza ha apostado también por el cumplimiento íntegro de las penas para los terroristas y por un “especial seguimiento” del patrimonio de los condenados, de modo que se hagan cargo de las indemnizaciones impuestas en sentencia.

La presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Maite Pagazaurtundua, ha recordado que, en ocasiones, los hermanos son los únicos que tienen “fuerza suficiente” para defender la dignidad de las víctimas del terrorismo. “No nos quiten ese derecho expresamente en la ley”, ha solicitado.

Por su parte, la presidenta de la Asociación 11-M Afectados de Terrorismo, Pilar Manjón, ha reclamado que se sustituya en la ley el término de “fallecido” por el de “asesinado” para hablar de las víctimas mortales en atentados.

“No han fallecido de cáncer, han sido brutalmente arrancados y asesinados”, ha alertado.

Manjón ha pedido también que se defina con mayor concreción la figura de los “amenazados” y se delimite claramente cómo se acreditan esas amenazas, así como la “especial atención” de la que disfrutarán por parte de las administraciones públicas.

Una “ventanilla única” de información en la Audiencia Nacional es lo que ha propuesto el Colectivo de Víctimas del País Vasco (COVITE), al igual que la presidenta de la Fundación Miguel Ángel Blanco, María del Mar Blanco, que ha lamentado que muchas víctimas tengan que enterarse “por la prensa” de la situación carcelaria de los asesinos de sus familiares.

NO HABRÁ MARCHA ATRÁS CONTRA ETA

El presidente del Tribunal Supremo y del Poder Judicial, Carlos Dívar, y el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, han coincidido en advertir a ETA de que no habrá retrocesos en la lucha contra el terrorismo y que el último comunicado de la banda no supone ninguna novedad.

Este ha sido uno de los mensajes que tanto Dívar como Conde-Pumpido han lanzado durante sus discursos en el acto de apertura del Año Judicial, presidido por el Rey, en el que han defendido la independencia de los jueces y el trabajo de los fiscales en la lucha contra la corrupción.

Dívar ha aprovechado también para pedir que no se ponga en cuestión la labor de los jueces y tribunales.