El Ayuntamiento de Ascó (Tarragona) aprobó ayer en un pleno extraordinario, por siete votos a favor y dos en contra, su candidatura al ATC (almacén temporal centralizado), donde se depositarán los residuos nucleares de toda España.
La Generalitat no recurrirá la decisión de Ascó porque “respeta la autonomía municipal”, pero presentará unas alegaciones porque entiende que ésta es una cuestión “supramunicipal”, que requiere un consenso que “no existe” en las Tierras del Ebro, y porque Cataluña ya ha pagado su “cuota de solidaridad” en la energía nuclear, según el vicepresidente catalán, Josep Lluís Carod-Rovira.
Entretanto, el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, solicitó un pleno “extraordinario y urgente” de las Cortes regionales para debatir sobre el ATC y pedir al alcalde de Yebra (Guadalajara) que retire la solicitud para albergarlo.
El Gobierno regional estudia también recurrir la decisión de este Ayuntamiento al ver indicios fundados de que es nulo de pleno derecho por razones de fondo y forma.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, recalcó que la ubicación del almacén se decidirá “por consenso”, y recordó que no se trata de un tema de “color político” ni de que exista “disciplina de partido”.
A su vez, la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, aseguró que desde el Gobierno se escuchará a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas, algo en lo que coincidió el vicepresidente tercero, Manuel Chaves, quien también defendió el consenso con el PP.
“Puedo entender las posiciones de los alcaldes y de los presidentes de determinadas comunidades autónomas” en este debate, dijo Chaves, quien rechazó que se utilice el asunto de manera “oportunista y demagógica”.
Desde la oposición, el líder del PP, Mariano Rajoy, atribuyó a la “demagogia” del Gobierno los problemas sobre el modelo energético español, pero se ha mostrado dispuesto a colaborar en su definición y en aspectos concretos, como la ubicación del ATC.
El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro, expresó la necesidad de un gran pacto entre las tres administraciones para abordar el emplazamiento de los depósitos de este tipo.
En relación con la candidatura de Ascó, su alcalde, Rafael Vidal (CiU), señaló que su presentación refleja “el sentimiento generalizado del pueblo”, aunque los diez integrantes del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, que finalizaron el encierro que mantenían desde el domingo, hicieron público un manifiesto en el que rechazan el acuerdo y denuncian el “oscurantismo” del proceso.
La decisión del Ayuntamiento de Ascó originó asimismo un nuevo cruce de acusaciones entre los partidos catalanes, especialmente entre PSC y CiU.
El presidente de CiU, Artur Mas, confirmó la apertura de un expediente informativo al alcalde y los tres concejales nacionalistas de Ascó por apoyar la candidatura al ATC, al tiempo que ha criticado lo que considera un “desbarajuste” en el gobierno tripartito de la Generalitat ante este asunto.
El secretario de organización del PSC, José Zaragoza, replicó a Mas con su extrañeza por que CiU expediente a sus ediles de Ascó, pero no lo haga con los militantes convergentes implicados en el caso Pretoria, Macià Alavedra y Lluís Prenafeta.
En una sentencia conocida ayer, el Tribunal Supremo entiende que la misma autorización de funcionamiento de una central nuclear “implica la necesidad de hacer frente al mantenimiento temporal, por muy breve que pueda ser éste, de los residuos radiactivos que se generan”. Ha desestimado así el recurso de casación de la Asociación de Municipios Afectados por Centrales Nucleares de España.
