El Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla está trasladando, junto al consejo general que reúne a estas entidades, sus propuestas a las diferentes formaciones políticas que concurren a las elecciones generales del 20 de diciembre con el objetivo de mejorar la regulación de la vivienda e impulsar la rehabilitación. Entre sus peticiones concretas, que el alquiler deje de ser "el patito feo" del mercado inmobiliario, para lo que inciden en la necesidad de incentivar fiscalmente el arrendamiento.
Los administrados de fincas colegiados proponen reformas en la Ley de Propiedad Horizontal en aspectos tan significativos como la necesidad de incorporar la tecnología para que se regule su uso en las comunidades de propietarios y se favorezca la participación en la toma de acuerdos en las juntas de propietarios, mejorando, de este modo, la administración de los inmuebles.
Se necesita una nueva Ley de Propiedad Horizontal para los edificios del siglo XXI, ya que los costes y las obligaciones de los propietarios son mucho mayores y se debe disponer de una norma sencilla y rigurosa que facilite la adopción de acuerdos y una gestión ágil y transparente, ha señalado a Europa Press el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla, Fernando Pastor.
En cuanto a la Ley de Arrendamientos Urbanos, es fundamental eliminar la necesidad de registrar los contratos porque, "contrariamente a lo que se ha pretendido, el registro perjudica la seguridad y el dinamismo del alquiler y menoscaba los intereses del arrendatario por los costes derivados".
También perjudica al arrendador por los inconvenientes que genera, en la práctica, su registro y posterior cancelación a la finalización del contrato, ha precisado Pastor, quien ha incidido en que es "fundamental" también para que el alquiler deje de ser "el patito feo" incentivarlo fiscalmente y buscar nuevas formas de acceso a la vivienda, como la compra temporal o parcial o el derecho de uso, entre otras.
Rehabilitación de edificios
Los administradores de fincas colegiados consideran que hay que conseguir un mantenimiento adecuado de los edificios y rehabilitar todos aquellos en mal estado de conservación. Por ello, proponen una serie de medidas para dotar al mercado de la financiación necesaria.
Así, se propone la constitución de un fondo acumulativo para financiar estos proyectos, que puede llegar a tener coste cero para las administraciones públicas, sin generar déficit. De hecho, en los proyectos de eficiencia energética las inversiones pueden pagarse con los ahorros obtenidos.
Las deducciones fiscales son otras de las propuestas porque son inmediatas y no tienen asociado ningún coste de gestión. La vivienda soporta una gran carga fiscal, que es necesario reducir, de tal modo que el IVA, tasas e impuestos municipales puedan ser reducidos para las obras de conservación y rehabilitación.
También se propone una oficina única de tramitación de las ayudas, de tal forma que tanto los profesionales como los ciudadanos puedan tener acceso a la información de forma precisa y ágil. En la misma línea, el elevado número de normas que afectan a los edificios y las diferencias territoriales perjudican su difusión y complican su aplicación, por lo que se propone que las principales obligaciones sean similares en todo el país y se mantengan de manera continuada en el tiempo.
