Una de cada 10 víctimas de violencia de género, el 11,23 %, renunció a declarar contra su agresor en el segundo trimestre del año, cuando el número de mujeres que se acogió a la dispensa legal de declarar subió un 9,26 % y superó las 5.000, según datos del Consejo General del Poder Judicial.
El último "Informe trimestral sobre Violencia de Género" del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del CGPJ, relativo a los meses de abril, mayo y junio de 2024, destaca un aumento de las denuncias del 4,79 % hasta las 50.536 en relación al mismo periodo de 2023.
Siete de cada 10 denuncias fueron presentadas por las víctimas (el 72,69 %), un número que se mantiene constante trimestre tras trimestre, y apenas el 1,72 % del total las interpusieron personas del entorno de las mujeres. El 15,88 % fueron resultado de atestados policiales, el 6,59 % de los partes de lesiones y el 3,12 % fueron presentadas por terceras personas.
También han aumentado en el segundo trimestre el número de sentencias dictadas por violencia de género, un 10,1 % hasta las 16.962, siendo el 80,27 % de ellas condenatorias.
Descenso del número de víctimas
En ese periodo descendieron, sin embargo, el número de víctimas un 1,44 %, hasta las 46.135. Se trata del segundo descenso trimestral consecutivo. El 62,82 % de estas mujeres eran españolas y el 37,18 %, extranjeras. Además, 141 eran menores, un 3,6 % que en el mismo periodo de 2023.
Según los datos proporcionados por el CGPJ, la tasa de víctimas de violencia de género en España también descendió, hasta las 18,5 por cada 10.000 mujeres, frente a las 19,2 de hace un año.
Por encima de esa media del segundo trimestre se situaron siete comunidades autónomas: Baleares (28,5); Comunitat Valenciana (24,1); Canarias (23,1); Murcia (22,4); Andalucía (21,1)y Madrid (19,4).
Valores inferiores a la media registraron en Castilla y León (11,9); La Rioja (12,5); Galicia (13,1); Cantabria (13,5); País Vasco (14); Extremadura (14,3); Cataluña (15,1); Castilla-La Mancha (15,3); Asturias (15,9) y Aragón (17,6).
No declarar contra su agresor
El Observatorio destaca en su estadística el aumento del número de víctimas que se han negado a declarar contra su agresor en un juicio por violencia de género. Fueron 5.181 mujeres las que no quisieron enculpar al maltratador, un 9,26 % más que entre abril y junio de 2023. De ellas, el 53,88 % eran españolas y el 46,11 %, extranjeras.
El testimonio de la víctimas es fundamental para evitar la absolución del agresor puesto que en múltiples ocasiones es la única prueba que permite la condena, al ser la violencia de género un delito que se suele perpetrar en la intimidad del hogar y sin testigos.
El miedo, las amenazas, las presiones familiares, la culpabilidad o no querer que al agresor le pase nada son factores que llevan a la víctima a no declarar contra él.
Medidas de protección
Según el CPGJ, entre abril y junio, juzgados y tribunales dictaron 16.962 sentencias, de las que 13.615 fueron condenatorias, el 80,27 %.
El porcentaje varía en función del órgano judicial que dicta las sentencias ya que los juzgados de violencia sobre la mujer emitieron un 91,6 % de condenas; las audiencias provinciales, un 77,27 % y los juzgados de lo penal, un 69,95 %.
En este periodo, los juzgados de menores enjuiciaron a 95 varones, frente a los 87 de hace un año, e impusieron medidas en 90 casos.
En el segundo trimestre descendieron tanto la solicitud como la concesión de órdenes de protección: 12.674 solicitudes (un 0,7 % menos) y 8.589 adoptadas (3,6 % menos).
Así, se acordaron el 67,7 % de las medidas de protección solicitadas, frente al 69,8 % de hace un año.
Según los datos del Observatorio, el 63,5 % de las víctimas que solicitaron medidas de protección eran españolas (6.673) y 248 menores de edad, el 2,3 %.
Los tribunales dictaron 16.566 medidas cautelares penales, siendo las más numerosas el alejamiento (6.147) y la prohibición de comunicación (6.103).
Fueron 5.095 las medidas civiles y, de ellas, 1.535 tuvieron que ver con la pensión de alimentos y 1.164 con la atribución de la vivienda.
Aumentaron las medidas de suspensión de régimen de visitas de menores un 5,44 %, al decretarse en 1.066 casos, mientras que descendieron las suspensiones de la guarda y custodia en un 3,7 %, hasta los 588 casos. En 145 se suspendió la patria potestad.
