La Policía Nacional ha impedido la madrugada de este jueves el acceso a algunos de los trabajadores del Gran Hotel Guadalpín Banús en Marbella, donde esta jornada está previsto el lanzamiento de varias de sus instalaciones ordenado por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga.
El director del establecimiento, Ramón Pons, ha expresado a EFE su "sorpresa mayúscula" por el "cordón" que han establecido alrededor de las 5:30 horas agentes de la Policía Nacional "prohibiendo el paso" a algunos trabajadores y también a clientes que regresaban tarde".
Posteriormente, la Policía ha permitido el paso a los clientes tras identificarse y a algunos de los empleados esenciales para poder prestar servicio en este hotel de cinco estrellas, según Pons, que está a la espera de la llegada de la comisión judicial.
La presidenta del comité de empresa, Jackeline Largacha, también se ha referido a la presencia de la Policía Nacional, que ha impedido el acceso a los trabajadores que entraban a primera hora de la mañana, según ha afirmado a EFE.
Tanto el comité de empresa como Pons denunciaron este miércoles que el lanzamiento de 49 habitaciones, además de otros espacios necesarios para el funcionamiento del hotel, podría conllevar en la práctica el cierre total del establecimiento, que se encuentra actualmente al 75 % de ocupación, y pone en peligro 180 puestos de trabajo.
El Guadalpín Banús, que fue promovido por Aifos, entró en concurso de acreedores en 2009 y se ha visto afectado en los últimos años por un litigio entre la explotadora del hotel, Grisoma, y las empresas propietarias de algunos locales y habitaciones.
Esta es la segunda ocasión en la que el Hotel Guadalpín Banús afronta un lanzamiento, ya que en julio del pasado año se produjo el desalojo de las cocinas, las terrazas y otras zonas comunes a raíz de la demanda interpuesta por uno de los propietarios del inmueble, la empresa SPV.
En octubre del pasado año, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga reconoció el uso hotelero y el derecho de Grisoma a acceder a las zonas de las que fue desalojada y pudo recuperar su actividad habitual.
Sin embargo, en un nuevo auto -dictado el pasado 31 de mayo- ese mismo juzgado ordena la entrega de varias instalaciones a SPV Spain Project 17 y Caja Rural de Granada, quienes en su día interpusieron una demanda oponiéndose al auto que homologó el acuerdo alcanzado entre Grisoma, la administración concursal de PSH-Aifos y la representación de los trabajadores.
Según informó el comité de empresa, el auto que deja sin efecto el dictado en octubre de 2023 ordena la entrega a SPV y la Caja Rural de Granada de instalaciones "esenciales para el normal y buen funcionamiento del complejo hotelero".
La explotadora del hotel ha solicitado al juzgado que adopte medidas cautelares y suspenda el lanzamiento previsto, para lo que ha argumentado, entre otros motivos, que existe un juicio por deslinde que afecta a los dos propietarios involucrados en ese auto y que se pretende llevar a cabo en pleno verano.
Unos setenta trabajadores del establecimiento se concentraron este miércoles a las puertas de las oficinas de PricewaterhouseCoopers (administración concursal), situada junto al Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga, para reclamar que no se ejecute el lanzamiento previsto.
