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Jerez

El Ayuntamiento lleva al juzgado al Consorcio Provincial de Residuos

El Consistorio argumenta que le reclama una deuda "inexistente" de 2,3 millones de euros anterior al año 2002 y del periodo 2014-2018

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  • Díaz en reciente reunión con el Comité de Empresa de la planta Las Calandrias -

El Ayuntamiento denunciará en el contencioso administrativo al Consorcio Provincial de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos ante la reclamación de éste de una deuda de 2.308.845,06 euros desglosada de la siguiente manera: 438.746,47 euros por deuda anterior a 2002; 180.000 euros deuda entre 2014 y 2018 y 1.690.098,59 euros de la “cuota de separación”

Al Ayuntamiento de Jerez no le consta deuda alguna anterior al año 2002. De hecho, el 22 de marzo de 2002, el Consistorio recibe un documento del Consorcio Bahía de Cádiz certificando a 31 de diciembre de 2001 el Ayuntamiento no mantiene deuda con tal Consorcio.

Además, en el Departamento de Residuos del Servicio Municipal de Medio Ambiente no consta que el Consorcio haya girado factura alguna durante el periodo comprendido entre los años 2014 y 2018 (ambos años inclusive) por lo que el Ayuntamiento desconoce a qué corresponde tal reclamación.

Es el mismo caso de la deuda que reclama el Consorcio de 1.690.098,59 euros por el coste del sellado y mantenimiento del vaso 0 y 1 del vertedero de Miramundo. No consta al Ayuntamiento de Jerez factura alguna por dicho concepto. Es más, en el artículo 24 de los Estatutos del Consorcio no se recoge este concepto por la separación de residuos de alguno de sus ayuntamientos miembros.

El Ayuntamiento de Jerez, desde la entrada en funcionamiento de la planta de compostaje y reciclaje de Las Calandrias en el año 2002, ha realizado en ella el depósito y tratamiento de los residuos urbanos “no habiendo uso bajo ningún concepto del vertedero de Miramundo” habiendo tenido noticia de tales facturas tras la notificación del Consorcio con fecha de 21 de marzo de 2019.

Por otro lado, se recuerda que el Consorcio Bahía de Cádiz lleva desde el año 2004, en el que los Ayuntamientos asociados acordaron su disolución, sin tener efecto, de manera que actuaba y adoptaba acuerdos la ‘Junta Liquidadora’, “por lo que se desconoce con qué facultades y competencias se emitían estas facturas” que ahora se reclaman.

Desde el propio ayuntamiento recuerdan que el Consorcio impuso una tasa consorcial para paliar el déficit y la deuda extrema que presenta este organismo, y que "en ningún caso, los jerezanos van a pagar lo que por obligación y derecho le corresponden a otros ayuntamientos. De hecho, las últimas informaciones publicadas evidencian una supuesta situación de máxima gravedad en la gestión de la planta de Miramundo".

 

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