El secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de Comisiones Obreras, José Gavilán, ha remitido un escrito a la delegación provincial de Medio Ambiente para formular una denuncia contra la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar por la existencia de dos piezas de uralita “posiblemente con fibras de amianto”, depositadas en el punto kilométrico 2.5 de la carretera CA 9290 de Los Barrios - Algeciras.

Según indicó Gavilán “las piezas pueden ser de una reparación de la conducción de agua en alta que abastece al municipio de la Villa y pueden ser los causantes de haber dejado el resto de fibrocemento donde se produjo la avería. En el Campo de Gibraltar quien gestiona la red es la Mancomunidad”.

Para el secretario de CCOO “con este abandono se incumple la normativa en prevención de riesgos laborales y medioambiental por incumplimiento de la ley que regula esta materia en residuos peligrosos”.

“Al parecer, las administraciones locales y los particulares no le dan importancia a las piezas de amianto y lo depositan en cualquier sitio y no respetan la ley medioambiental aún estando regulado por el real decreto”, dijo el secretario de CCOO.

En esta caso, Gavilán cree que la Mancomunidad de Municipios "ha dejado abandonadas las piezas y no ha hecho efectiva la normativa que rige esto" y explica que "una vez que se parten, sueltan unas partículas que si los trabajadores las inhalan pueden producir cáncer".

Control
“Son las propias administraciones las que deben exigir la aplicación de la ley y que, por medio de los agentes municipales, se controle ese residuo y se utilice como es debido”, señaló el secretario de CCOO.

Por ello, Gavilán pide a la delegación provincial de Medio Ambiente que “tenga por formulada la denuncia por infracción de las normas medioambientales contra la Mancomunidad, ordene que los agentes de Medio Ambiente efectúen una investigación sobre los hechos y previa su comprobación e incoación de la correspondiente acta de infracción, se dicte resolución para que se retire el residuo tal y como manda el protocolo de residuos peligrosos y se obligue a ajustarse a derecho”.