El Juzgado de lo Penal número 2 de Jerez ha condenado por delito de intrusismo a dos protésicos dentales, que, al menos entre junio de 2007 y febrero de 2011, han practicado tratamientos bucodentales en la localidad para las que no están facultados por su titulación profesional, invadiendo las competencias propias de la titulación de médico-odontólogo o médico estomatólogo, a la pena de once meses de multa con una cuota diaria de 20 euros para cada uno de ellos, resultando una cuantía de 6.600 euros.
Según informa el Colegio Oficial de Dentistas de Cádiz en un comunicado, la condena por intrusismo ha sido ratificada por la Sección Octava Audiencia Provincial de Cádiz, exponiendo que los acusados, protésicos dentales, en relación a uno de los pacientes, examinaron la cavidad bucal, llegando a desmontarle y ajustarle la prótesis e indicándole el otro condenado, tras examinar la boca, la conveniencia de iniciar tratamiento en el maxilar inferior. Ambos acusados, en marzo de 2012 retiran al paciente una barra de Ackerman que después vuelven a atornillar.
En relación a otro paciente, en sus visitas a la clínica a partir de noviembre de 2010, uno de los acusados revisó su boca y le tomó impresión para una prótesis. Además, ese mismo acusado atendió también a un tercer paciente, entre septiembre y diciembre de 2010, a quien retiró y colocó un tornillo de implante, colocó una corona y cementó una pieza dental.
Asimismo, en la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 2 de Jerez, ratificada por la Audiencia Provincial de Cádiz, Sección Octava de Jerez, se condena a una dentista, que trabajaba con los protésicos, como autora de un delito de lesiones por imprudencia profesional con la circunstancia atenuante de atenuación del daño, a la pena de seis meses de multa a razón de una cuota diaria de 20 euros (3.600 euros), con inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de odontología por tiempo de seis meses. Además, como responsable civil indemnizará a uno de los pacientes por los daños y perjuicios causados en la cantidad de 85.534 euros.
En referencia a dicha sentencia, el Colegio Oficial de Dentistas de Cádiz ha hecho referencia al reciente mensaje de la Organización Colegial de Dentistas de España, recordando que el dentista (odontólogo o médico-estomatólogo) es el "único profesional legalmente facultado para intervenir en la boca de los pacientes, realizando el diagnóstico y las pruebas clínicas oportunas necesarias para elaborar la prescripción de la prótesis dental, así como su posterior adaptación y colocación".
En este sentido, ha añadido que "los protésicos dentales no tienen la formación, ni las competencias legales necesarias para atender clínicamente a los pacientes".
Asimismo, ha indicado que "los laboratorios de prótesis dentales no son instalaciones seguras, adecuadas ni legales para recibir y atender a los pacientes, ya que son lugares destinados exclusivamente a la elaboración, fabricación y reparación de productos odontológicos a medida --de acuerdo siempre a las indicaciones del dentista--, donde inevitablemente existen contaminantes ambientales, sin las condiciones de salubridad requeridas para una clínica o consulta donde se lleven a cabo actividades asistenciales".
Finalmente, ha recordado que "cualquier protésico dental que trabaje directamente sobre la boca del paciente está cometiendo un delito de intrusismo profesional, tipificado en el artículo 403 del Código Penal". "La población debe tener claro en todo momento que el único profesional capacitado para diagnosticar, tratar o prescribir cualquier tratamiento relativo a la cavidad oral es el dentista", ha concluido.
