Las espadas están en alto. Arrecia con fuerza el conflicto entre el Servicio Andaluz de Salud y la empresa sanitaria José Manuel Pascual Pascual. La Junta de Andalucía insiste en pedir diálogo, a sabiendas de su dependencia respecto a Pascual, sobre todo en la provincia de Cádiz, al tiempo que trata de imponer su fuerza mediante amenazas veladas como construir centros en Sanlúcar, Villamartín y El Puerto, y mediante una guerra en los tribunales.
Por su parte, José Manuel Pascual opta por poner al frente a sus empleados con movilizaciones, recogidas de firmas y ahora con el anuncio de que no podrá pagar las nóminas de noviembre por culpa de la asfixia económica que padece por parte del SAS. Además, se siente fuerte porque sabe de su situación hegemónica en Cádiz y porque la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha desestimado el recurso del SAS instándole a abonar casi 15 millones de euros a Pascual por facturas del periodo en el que ya no tenían concierto. El SAS ha vuelto a recurrir ese auto, pero la batalla continúa.
Aunque se ha mantenido un poco al margen, el consejero de Salud, Aquilino Alonso, recalca que “no está en manos del Gobierno andaluz dar a Clínicas Pascual un concierto, sino en las suyas el firmar y participar en un concurso que de tranquilidad a todos sus trabajadores”.
“No podemos obligar a que nadie se presente a un concurso, pero tampoco vamos a cometer irregularidades ni concesiones a quien no concurra”, indicó siguiendo la línea del SAS que mantiene la tesis de que Pascual quiere un concierto “a medida” que estaría fuera de la legalidad. “Nosotros esperamos llegar a un acuerdo” dejando claro que “de no hacerlo tenemos que garantizar la asistencia sanitaria con todos los medios de los que dispone la administración y así lo haremos”.
Alonso indica que esta misma semana se le volvió a mandar al responsable de Clínicas Pascual una oferta que “económicamente es superior a la de años anteriores, creemos que es buena, pero no podemos aceptar algunas de las propuestas que nos mandan y que incluso nuestra asesoría jurídica considera que no están dentro de la legalidad”. A pesar de todo eso, ha asegurado que él suele “pecar de optimista” y “estoy convencido de que Pascual verá que es la mejor oferta y que también los trabajadores presionarán para que se firme, porque con ello se garantizaría trabajo durante cuatro años que es el período de la firma del concierto”.
Pero por ahora los trabajadores optan por seguir movilizándose, e incluso hablan de recrudecer las protestas contra el SAS y la Junta. Y es que culpan a la administración del hecho de tener en riesgo sus nóminas.
Tras asegurar que la empresa les ha comunicado que este mes “no tiene liquidez para hacer frente a las nóminas”, el presidente del comité intercentros de Pascual, José María Manzano, indica que la empresa “no es que no quiera pagar, es que ya carece de dinero para hacerlo” por el conflicto por el concierto sanitario con la Junta de Andalucía. “En el caso de que la Consejería de Salud no abone los 13 meses que tiene pendiente de asistencia será imposible que se puedan pagar las nóminas”, aseguró.
Por ello, Manzano ha abogado porque “ahora más que nunca” las reivindicaciones de los trabajadores de Pascual sean “más fuertes” y reine la unidad en la plantilla y ha añadido que “no van a poder con nosotros”.
Los trabajadores de José Manuel Pascual Pascual se manifestaron el pasado jueves por las calles de Sevilla y el lunes se manifestarán en Cádiz. Además el próximo jueves volverán a Sevilla donde harán entrega de las firmas recogidas.
Críticas
El l Colegio de Médicos de Cádiz ha instado a la Junta y a Clínicas Pascual a “poner toda su voluntad para recuperar la vía de la negociación, el diálogo y la conciliación” en el conflicto que mantienen para la renovación del concierto que la administración andaluza mantiene son seis hospitales de la empresa.
En un comunicado de prensa, el Colegio de Médicos de la provincia de Cádiz, donde están ubicados cuatro de los seis hospitales de Pascual concertados con el Servicio Andaluz de Salud, expresan su “preocupación ante el progresivo deterioro y bloqueo que se viene advirtiendo en este conflicto ya demasiado prolongado”.
Aseguran que este conflicto está teniendo una “significativa incidencia” sobre la población y tiene “graves consecuencias sobre los numerosos profesionales sanitarios que se están viendo directamente afectados”.
“En un tema tan sensible como el de la salud, instamos a las partes a poner toda su voluntad para recuperar la vía de la negociación, el diálogo y la conciliación, que revierta en beneficio de la asistencia sanitaria en la provincia y repercuta en favor de quienes reciben esa atención y de quienes la presta”, subrayan los médicos en el comunicado.
Ante tanto tira y afloja, fue el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, quien se mostró más firme pues tras hacer el enésimo llamamiento al “diálogo” a Clínicas Pascual para alcanzar un acuerdo para renovar el concierto que mantiene con esta empresa en seis hospitales andaluces, dijo claramente que “el tiempo se está agotando”.
El vicepresidente ha asegurado que el desacuerdo es “por el precio” de este concierto, que la Junta ha establecido en base a “informes técnicos y jurídicos” y a la legalidad.
“La empresa quiere cobrar lo que la Junta no puede pagar” porque la sanidad pública "no puede verse en manos de decisiones de la empresa privada”, sentenció para dejar las cartas sobre la mesa. Pascual pide “demasiado” a la Junta para firmar el concierto y la Administración insiste en que no podrá ser.
El SAS culpa a ‘Pascual’ “de su propia insolvencia”
Ante el anuncio de la Empresa José Manuel Pascual S.A. de que no puede abonar la nómina a sus trabajadores por falta de pago de la Junta de Andalucía, el Servicio Andaluz de Salud desea aclarar que “la situación de insolvencia obedece a una estrategia de desgaste y presión mantenida en el tiempo como consecuencia del rechazo a las distintas ofertas realizadas por la Administración”.
En ese sentido, cabe recordar que “esta empresa no se ha presentado a ninguno de los dos procesos públicos de licitación celebrados recientemente; ni al procedimiento negociado sin publicidad (con mejoras importantes con respecto al anterior contrato) para los hospitales en los municipios gaditanos donde no existe competencia; ni al concurso abierto para contratar servicios en las provincias de Cádiz capital, Huelva y Málaga, donde sí han concurrido otros hospitales homologados”.
Para el SAS “esta actitud beligerante contrasta con la oferta de diálogo permanente por parte de la Junta”.
Por eso, “la no solvencia económica anunciada por la empresa frente a los trabajadores, oculta intereses ajenos a la voluntad de esta Administración, que siempre ha optado por un diálogo abierto con el comité de empresa, comunicándole las diferentes fases de este proceso en múltiples ocasiones”.
Por otro lado, indica el SAS que “el volumen económico de los servicios concertados tanto cuando la empresa no reconocía la prórroga del concierto, como con la nueva situación planteada por la ausencia del mismo, ha motivado actuaciones por parte de esta Administración encaminadas a garantizar el derecho de los ciudadanos a la asistencia hospitalaria y a las retribuciones de los trabajadores. Así, en primer lugar se realizaron consignaciones económicas en los juzgados por los importes correspondientes al concierto vigente durante la prórroga. Y además, recientemente, el SAS también ha iniciado un expediente administrativo con el fin de abonar los servicios prestados por la empresa Pascual entre el 1 de noviembre de 2015 y el 30 de septiembre de 2016 en las mismas condiciones que el concurso anterior, hasta que se resuelva la discrepancia con la facturación que dicha empresa realiza”.
Al respecto señala que “la responsabilidad del Gobierno andaluz es garantizar el derecho a la atención sanitaria y respetar siempre la legalidad en los conciertos de la administración pública, por lo que seguirá intentando llegar a un acuerdo que respete las condiciones legales vigentes, al mismo tiempo que se seguirán buscando alternativas si no se llega al mismo”.
En manos privadas
El diputado provincial del PP José Loaiza ha asegurado que la Junta de Andalucía tiene en la provincia de Cádiz la sanidad “privatizada”, y ha pedido al Gobierno andaluz que “solucione la crisis sanitaria de la provincia”.
En una rueda de prensa, Loaiza ha aludido a unas declaraciones del vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, en las que dijo que “la sanidad pública no puede verse en manos de una empresa privada”, incidiendo el dirigente del PP en que la Junta “reconoce” así que la sanidad en la provincia está “en manos de una empresa privada”.
“Cuando en esta provincia tenemos cuatro hospitales privados concertados, significa que la sanidad pública en el 50% de asistencia hospitalaria está privatizada en la provincia, cuando tanto se habla de la sanidad pública”, afirma Loaiza.
