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La ITI, campo de batalla político

La apertura de una nueva oficina, avalada con 310 millones de euros, abre la disputa entre populares y socialistas sobre el liderazgo del proyecto

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  • El PSOE critica la duplicidad de un mismo servicio que ya presta Diputación
  • El PP critica el nulo grado de ejecución de la inversión de la ITI que se debe a la Junta
  • El Gobierno dice que es una iniciativa suya y la Junta que fue quien la propuso

La ITI (Iniciativa Territorial Integrada) ha sido calificada hasta ahora de muchas formas, aunque todas coincidentes en lo esencial: es la última gran oportunidad de la provincia de Cádiz para asentar las bases de un nuevo modelo económico desde el que afrontar su futuro con mejores garantías que las actuales. En total deben llegar a la provincia unos 1.300 millones de euros procedentes de fondos europeos hasta el año 2020, gestionados a través del Gobierno central -unos 900- y de la Junta de Andalucía -unos 400-. 
Sin embargo, lo que se convirtió en una gran noticia para la provincia ha terminado por degenerar en un nuevo campo de batalla entre, principalmente, PP y PSOE, y viceversa, empeñados en acaparar el máximo protagonismo en la llegada de las ayudas.

Esta semana se ha puesto de manifiesto una vez más con motivo de la visita de la ministra de Empleo en funciones, Fátima Báñez, quien visitó Cádiz el lunes para presentar la creación de una oficina dinamizadora de la ITI Empleo dotada con 310 millones de euros.

Lejos de acaparar una mínima satisfacción, la firma del acuerdo abrió una nueva disputa institucional y política acerca del funcionamiento de la ITI y, en especial, de los protagonismos correspondientes.
La presidenta de la Diputación, Irene García, remitió ese mismo día una carta a la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, Marta Fernández Currás, solicitando que “estudie la compatibilidad de la futura Oficina de ITI del Ministerio en la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, con la Oficina de Información ITI de la Diputación para el mismo fin”. García también solicitó en la carta que se “compruebe qué grado de duplicidad de recursos, costes e información se provocará sin duda entre nuestros potenciales beneficiarios y valore, en definitiva, la utilidad de la participación de esta Diputación en la ITI de nuestra provincia, en lógica coherencia con la debida lealtad institucional que hasta ahora ha venido existiendo entre ambas partes”.

Para la presidenta de la Diputación, “la información transmitida este lunes por la ministra nos ha causado estupor y preocupación, por cuanto nada sabíamos de este proyecto, que, a expensas de conocer mejor su contenido, contraviene frontalmente el contenido y espíritu antes aludido del Convenio para la Oficina de Información ITI de la Diputación de Cádiz”.

A la respuesta institucional siguió la respuesta política; en primer lugar desde el PSOE. La parlamentaria andaluza y secretaria de Organización del PSOE de Cádiz, Araceli Maese, afirmó esperar que detrás de la Oficina de coordinación de la ITI, anunciada por la ministra de Empleo “no se esconda un instrumento para el sectarismo”. Maese sí celebró “la lluvia de millones anunciada”, aunque recordó “la hoja de servicios de Báñez, que no ha mostrado hasta ahora en cinco años la más mínima sensibilidad hacia el principal problema de Andalucía y Cádiz, el desempleo, negando año tras año un plan especial”: “Mucho nos tememos que, tras ese fantástico anuncio, se esconde en realidad la manía del PP de querer controlarlo todo e impedir el normal desarrollo de las instituciones y de los fondos que manejan”.

La respuesta al PSOE llegó de la mano del secretario general del PP de Cádiz y parlamentario andaluz, Antonio Saldaña, quien resaltó que “el Gobierno de Mariano Rajoy aplica en la provincia de Cádiz el mayor y mejor plan de empleo de la historia de nuestro país, dotado de 310 millones de euros para políticas de empleos sustentadas en el refuerzo de la formación, fomento de la contratación, apoyo al emprendimiento e inclusión social”.

La Junta tampoco quiso dejar escapar su protagonismo en el desarrollo de la ITI, y no sólo en lo que respecta a las inversiones, sino en el liderazgo de la iniciativa. En este asunto, tampoco se ponen de acuerdo: el PP recalca que se trata de “una iniciativa del Gobierno, y no de la Junta”; mientras que el ente autonómico recuerda que fue la Junta quien “tomó la decisión de proponer al Gobierno de España y a la CE articular esta iniciativa”.

La Junta no se quedó sólo en ese apunte, sino que aprovechó para anunciar que la Consejería de Fomento participará en la ITI con 60 millones de euros de inversión para actuar en el ámbito económico, ambiental y social. Más aún; el delegado del Gobierno en Cádiz, Fernando López Gil, comunicó que ya se han dado de alta 34 proyectos con un compromiso de gasto de 49 millones de euros en 2016, lo que supondrán 236 millones de euros de inversión una vez terminados.

Tampoco el PP celebra por su parte los avances anunciados desde la Junta, quien según Antonio Saldaña “evidencia que el grado de ejecución de la inversión ITI para 2016 es cero”, ya que, según “ha dejado claro” López Gil, “no ha gastado ni un euro de la cuantía que anunciaron a bombo y platillo para el presente ejercicio como la gran inversión de los presupuestos autonómicos para 2016 en la provincia”.
Tampoco será la primera vez que escuchen desde ambas partes la necesidad de “ir de la mano” para conseguir que la ITI sea un éxito para la provincia.

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