Izquierda Unida Jerez tiene claro su firme apuesta por la protección social de los sectores más vulnerables de la población, de ahí que siga dando prioridad a la hora de seleccionar las 3 propuestas a las que tiene derecho por sesión plenaria, a medidas que puedan ayudar a paliar la difícil situación por la que están pasando muchas familias.
En este sentido, la formación reprueba la pasividad que continúa mostrando el gobierno local para ejecutar los acuerdos que se vienen adoptando en el Pleno Municipal, especialmente los que se aprobaron por unanimidad en el pleno del mes de octubre, y cuyo objetivo era aplicar una serie de medidas para garantizar el derecho humano de acceso al agua,apostando por una nueva política que prescindiera de la amenaza de corte como instrumento para garantizar el pago del servicio.
Según declaran fuentes del partido, desde entonces, transcurridos cuatro meses, el único paso adelante que se ha dado para ejecutar los citados acuerdos ha sido la creación de la Mesa del Pacto Social por el Agua Pública, y aunqueles consta que esta mesa está trabajando en busca de soluciones para garantizar el suministro mínimo vital en esta ciudad, mientras eso no ocurre, este Ayuntamiento sigue sin adoptar las medidas necesarias para que en el conjunto del término municipal se respete el acceso al agua como un derecho humano esencial de todos los ciudadanos, la empresa concesionaria sigue sin garantizar el suministro de agua a todos los usuarios domésticos de manera ininterrumpida, ysigue usándose la amenaza de corte como medida coercitiva, sin ponerse en marcha mecanismos que potencien el diálogo entre las partes o la iniciación de otros procedimientos legales de cobro.
Es por ello que, a la espera de que por fin sea aprobado el reglamento que regule los suministros mínimos y a fin de garantizar que no se corte en esta ciudad un sólo suministro más a quienes, objetivamente, carecen de recursos para poder hacer frente al pago de la factura, la formación de izquierda presentará al Pleno una propuesta para modificar las actuales Ordenanzas Municipales reguladoras del servicio de Abastecimiento, Saneamiento y Depuración del Agua, para añadir en su apartado 16.5 que “la suspensión del suministro por impago no se producirá, en ningún caso, sin contar previamente con el dictamen favorable de la Delegación de Acción Social de este Ayuntamiento, a fin de garantizar que no se vulnera el derecho humano al agua de ningún usuario del servicio”.
Por otro lado, y teniendo en cuenta que aún está abierto el plazo para presentar enmiendas al Anteproyecto de Ley de Servicios Sociales para Andalucía, IU Jerez también presentará otra proposición al Pleno para remitir a la FAMP (Federación Andaluza de Municipios y Provincias) y a los diferentes grupos políticos con representación en el Parlamento de Andalucía, una moción con una serie de enmiendas y propuestas para incluir en dicha ley, ya que, según declaran, si no se modifica sustancialmente, es muy cuestionable que vaya a conseguir que “Andalucía sea la primera Comunidad Autónoma que blindepor Ley los Servicios Sociales”, tal y como dicen los titulares que el actual gobierno ha querido hacer en su presentación.
Así, entre dichas propuestas se incluyen: garantizar la participación ciudadana efectiva mediante la creación de Consejos Provinciales y Locales en los que se incluyan colectivos ciudadanos y movimientos sociales;establecer que los Servicios Sociales Especializados deban ser prestados y garantizados de manera directa y planificada por la administración pública; incluir artículos concretos que establezcan protocolos de coordinación en la misma Ley con los Servicios de Educación y Justicia, y no sólo con los de Salud; definir los plazos y la asignación presupuestaria concreta para la implantación de los nuevos instrumentos técnicos recogidos en la Ley como son la Tarjeta Social o la elaboración de Historia Social, así comoel Informe Social, documento base para el ejercicio del Trabajo Social.
Además,IU propone que se recoja en la Ley el compromiso de la resolución de la solicitud en un plazo no superior a dos meses (en la actualidad el plazo se sitúa en los nueve meses) y que se contemplen medidas legislativas y presupuestarias para eludir la limitación impuesta por la reforma del art. 135 de la Constitución y las leyes de estabilidad presupuestaria, por ser esta la única manera efectiva y real de blindar de verdad la prestación de los servicios sociales comunitarios y especializados en Andalucía.
