El salón de sesiones del Palacio de los Gobernadores acogió ayer un Pleno extraordinario de la Corporación donde se aprobó la ratificación de la revisión del procedimiento de valoración colectiva de carácter general, la revisión catastral, a pesar de la abstención del PSOE.

En este sentido, la edil socialista Regina Cuenca señaló que “la iniciativa partió del equipo de Gobierno anterior y existen serias dudas de que esta revisión catastral no supondrá un aumento de la presión fiscal a los ciudadanos”.
Asimismo, el portavoz del PSOE Juan Carlos Ruiz Boix indicó que “la revisión catastral se pidió cuatro años más tarde de lo que correspondía porque no se deseaba subir la presión fiscal a los ciudadanos” y añadió que “existen herramientas en la Ley para amortiguar los efectos en la población en un plazo de diez años”.

Por su parte, el concejal de Hacienda, José Antonio Cabrera, recordó que “esta revisión es cada diez años y en 2006 el Ayuntamiento se dirigió a la Gerencia del Catastro para que se iniciara el expediente, aunque su respuesta fue que se retrasara porque el Plan General de Ordenación Urbana estaba en revisión”.

“El equipo de Gobierno actual lo que hace es ratificar esa solicitud que hizo el PSOE en su día. Se gravarán los precios catastrales según lo que diga la Gerencia del Catastro, que depende del Ministerio de Economía y Hacienda, en manos del PSOE”, dijo Cabrera. Por otro lado, el portavoz del PIVG, Jesús Mayoral, indicó que su grupo “tratará de amortiguar esa subida, para que pase del 0,40 al 0,55, aunque lo importante es que se incluyan las viviendas ahora fuera del catastro”. El alcalde Fernando Palma aseguró que “en San Roque no va a pasar como en Algeciras. Se trata de dar de alta a unidades que no estaban en el catastro, y no de subidas de tipos”. 

La última revisión catastral se realizó durante los ejercicios 1992 y 1993, entrando en vigor en 1994. Según la Ley, el plazo para realizar la revisión catastral es de diez años, existiendo un desfase debido a que la Gerencia del Catastro consideraba que no era el momento adecuado porque el Ayuntamiento estaba tramitando el nuevo PGOU”.

Retribuciones
Otro punto del orden del día fue la aprobación de una moción de Alcaldía sobre retribuciones de los órganos de Gobierno y personal de confianza, a pesar del voto en contra del PSOE. Las nuevas retribuciones del alcalde, seis tenientes de alcalde con dedicación exclusiva, cinco ediles delegados con dedicación exclusiva, la secretaria de Alcaldía, el asesor de Alcaldía, el de Universidad Popular y la secretaria de Distritos, estos cuatro últimos son personal de confianza. El importe es de 631.950 euros anuales. Regina Cuenca criticó que entre estos concejales esté Rosa Macías, a la que calificó de “transfuga”.

Por otro lado, el Pleno aprobó varias mociones de Alcaldía sobre el nombramiento de miembros de los distintos consejos  municipales. También, la moción sobre delegación de competencias del Pleno a favor de la Junta Local de Gobierno se aprobó con los votos del equipo de Gobierno. Los seis ediles del PSOE abandonaron el Pleno antes de procederse a la votación en señal de protesta porque el alcalde dio por cerrado el debate a pesar de que el PSOE quería seguir debatiéndolo.

Además, el Pleno dio cuenta del escrito presentado por la empresa UTE RSU solicitando la resolución del contrato con el Ayuntamiento para la recogida de basuras, basando su petición en que el Consistorio no abonado facturas por 1,26 millones de euros.

Por último, el Pleno dio cuenta de un escrito remitido por Palma al presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, donde alude a las “graves dificultades financieras” que se ha encontrado al acceder al cargo, “hasta el punto de ver peligrar el pago de las nóminas”, asegurando que la deuda con los proveedores es de 30 millones de euros”.

“Para evitar que esto provoque despidos o la desaparición de alguna empresa, solicito que se nos conceda por parte del ICO un crédito a largo plazo de 50 millones de euros para poder solventar la situación”, afirmó Palma.