Este miércoles, los funcionarios de justicia han vuelto a echarse a la calle y a concentrarse a las puertas de las oficinas judiciales mostrando su rechazo a la política de recortes del gobierno Andaluz. "No a los recortes", "No a la reducción de salarios", "Griñán, Valderas, nos roban la cartera", "Manos arriba, esto es un atraco"... eran algunas de las consignas que podían leerse o escucharse en estas concentraciones.

En el caso de Jerez, los puntos de encuentro han sido los juzgados de la Avenida Tomás García Figueras y la Audiencia Provincial en la Avda Alvaro Domecq). Estas movilaciones (ya van dos paros en la provincia de Cádiz en este sector) son sólo el comienzo, ya que, a partir de ahora, se va a constituir una plataforma de unidad sindical con todos los sindicatos del sector (SPJ-USO, CSIF, UGT, CCOO Y STAJ) que van a promover acciones conjuntas que irán "in crescendo" si el gobierno andaluz sigue haciendo oídos sordos a nuestros propuestas.

Desde SPJ-USO reprochan al gobierno andaluz "que nos hable de austeridad cuando recientemente y por resolución de 2 de mayo pasado, se han repartido 111.000 euros en productividad para 31 altos cargos de la Consejería de Economía,  y también le reprochamos que siempre recurra a lo fácil,  es decir a echarnos mano de la nómina,  en vez de explorar otras vías menos gravosas,  como podría ser la de suspender la formación durante un tiempo, o las múltiple subvenciones, incluidas las sindicales, o determinados gastos suntuosos en infraestructuras que ahora mismo no son necesarios (como la nueva sede de la Fiscalía del TSJ en Granada,   que se ubicará en el antiguo edificio del Banco de España en la Gran Vía, con un coste significativo)".

Por ello, exigen que "comparezca y dé la cara en la Mesa de Negociación  el nuevo consejero de Justicia,  pues no nos sentíamos defendidos como colectivo por los responsables de la Consejería  presentes en la Mesa.   También exigimos conocer en profundidad las cuentas correspondientes al recorte en el capítulo de personal,   con detalle de las partidas y los colectivos a que afectan".   Finalmente, han trasladado al gobierno andaluz la "indignación y el desapego que está cundiendo entre el personal de Justicia hacia la Administración de la que depende",  y que resulta “paradójico e indignante que ahora se nos diga que es preciso recortar 777 millones de euros en gastos de personal para cumplir el objetivo de déficit exigido por el Ministerio de Hacienda,   cuando no hace mucho“se volatilizaron más de 800 millones en  EREs fraudulentos"