Con semblante serio y desde su despacho en el Nº6 de Convent Place, el ministro principal de Gibraltar, Peter Caruana, establecía las bases de lo que será un nuevo clima dentro de las relaciones a tres bandas entre el Peñón, Reino Unido y España. Aunque Caruana se mostró abierto al diálogo y dispuesto a seguir cooperando con España, fue tajante en cuanto a la jurisdicción de las aguas que rodean al Peñón y a la actitud de la Guardia Civil en dicha zona. “La cooperación no es una alternativa a la defensa por parte del Reino Unido de la soberanía y la jurisdicción de nuestras aguas; la cooperación no puede ser una cortina de humo tras la que se permita a España desmantelar en la práctica la soberanía británica y con ella la jurisdicción de las aguas territoriales de Gibraltar”, sentenció Caruana.

Para el ministro principal gibraltareño, para que la cooperación en asuntos que toquen el tema de estas aguas sea viable, “es necesario que se retorne al estatus quo existente antes de mayo de 2009”. Añadió que “no es aceptable ni razonable para España -a pesar de cual sea su postura sobre nuestras aguas- que endurezca su posición, de una forma que ningún gobierno español ha creído necesaria con anterioridad, y al mismo tiempo esté proponiendo una agenda de cooperación”.

Tribunal Internacional
En vista de las recientes declaraciones del ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, resaltando que Gibraltar no tiene aguas territoriales, Caruana es claro en su reto: “Si España considera que el derecho legal internacional está de su lado en este asunto, entonces debería estar deseando demostrar su punto de vista en un tribunal internacional, como estamos nosotros”. Añadió que “si Moratinos está convencido de que bajo la ley internacional, las aguas que rodean al Peñón no son británicas, entonces no tiene nada que perder y todo que ganar llevando el caso a un tribunal internacional, como repetidamente le hemos sugerido”.

También fue inflexible el ministro principal con las obligaciones británicas sobre las aguas en litigio. Aseguró que pese a los comentarios de que tanto la Policía gibraltareña como el Gobierno deberían hacer algo para frenar el comportamiento de los españoles, “debe ser el Gobierno británico y en particular los ministerios de Asuntos Exteriores y Defensa, los que lo hagan al ser su obligación constitucional”.

En este sentido Caruana aseguró anoche que le había solicitado al ministro de Exteriores británico, William Hague, que tomarán acción efectiva en la defensa de estas aguas, incluyendo la intervención de la Royal Navy para apoyar y proteger a la Policía de Gibraltar en el ejercicio de sus obligaciones.

Concluyó asegurando que no aceptará ningún protocolo de cooperación que “consolide la postura española sobre la soberanía de nuestras aguas territoriales”.