El consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, considera "caduco, trasnochado y fracasado" el discurso de "castastrofismo" del PP-A sobre el Campo de Gibraltar, "que flaco favor le hace a los vecinos", al tiempo que ha asegurado que el peaje que el alcalde de La Línea, Alejandro Sánchez, quiere implantar en el municipio gaditano para aquellos vehículos que se dirijan a Gibraltar es una "ilegalidad".

En respuesta a una pregunta oral formulada en el Pleno del Parlamento por el PP-A en relación a la situación del Campo de Gibraltar, el consejero del ramo ha considerado que la situación económica en la que se encuentra el consistorio linense no ha sido provocada por el Gobierno de la Nación o el andaluz sino por una gestión municipal "manirrota".

En esta línea, Pizarro ha criticado la "irresponsabilidad" que supone el hecho de que el PP andaluz "jalee" la decisión del alcalde de La Línea para llevar a cabo una medida fuera de la legalidad, "tal y como ha dicho un juzgado de Algeciras".

Por su parte, el diputado del PP-A José Loaiza ha asegurado que la actitud del Gobierno de la Nación y de la Junta de Andalucía respecto al Campo de Gibraltar es de "abandono", pese a ser una de las comarcas "más importantes" del conjunto de la comunidad autónoma.

"El Campo de Gibraltar tiene casi 35.000 desempleados y ha sufrido un descenso de casi un 15 por ciento en la producción industrial y de un 114 por ciento en el número de empresas", ha lamentado Loaiza, quien ha criticado que, mientras tanto, el Gobierno de la Nación y el andaluz dan su "consentimiento" al hecho de que Gibraltar realice rellenos o amplíe su accesos, su aeropuerto o su puerto, entre otras cuestiones.

Según ha asegurado el diputado popular, Gibraltar se está "lucrando" con el 'bunkering' que lleva a cabo en el Campo de Gibraltar, mientras que los ayuntamientos de la zona no pueden pagar las nóminas de sus empleados y se inicia desde el Gobierno de la Nación una "campaña" contra el alcalde de la Línea por defender los intereses de sus habitantes "con una medida puesta en marcha en países como Letonia, Inglaterra o Chequia".